El Gobierno investigará 70 millones de cuentas bancarias para buscar a inmigrantes ilegales

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Según las informaciones recogidas por el periódico británico The Guardian, más de 70 millones de cuentas bancarias serán investigadas a partir de enero de 2018 para buscar a posibles inmigrantes ilegales en el país. La fecha de la medida fue confirmada por el Ministerio del Interior británico y tiene que ver con la ley de inmigración de 2016. Además, estos planes coinciden con los de la primera ministra británica, Theresa May, de crear un ambiente adverso para este tipo de ciudadanos y provocar su salida del país. Los controles trimestrales de las cuentas corrientes se llevarán a cabo en cada banco y building society de Reino Unido, para comprobar si los dueños de las mismas están legalmente en el país.

Las cuentas sospechosas serán congeladas o cerradas para que los titulares de las mismas tengan mayores complicaciones de residencia en Reino Unido, además de asegurar que los propietarios de éstas con cantidades significativas de dinero acepten la salida voluntaria del país, según las declaraciones de los trabajadores de los bancos. Ha sido el Ministerio del Interior el encargado de proporcionar a los bancos una base de datos llevada a cabo por la organización antifraude Cifas. En esa base de datos aparecen aquellas personas sospechosas de tener los permisos de residencia expirados y por tanto tienen que ser deportados o expulsados, aquellos que no consiguieron la aceptación de la petición de asilo o aquellos que han huido de la detención por inmigración. El Ministerio del Interior británico pretende localizar a 6.000 personas a partir de esta medida.

Críticas a la medida sobre la ley de inmigración en Reino Unido

Desde la ley de inmigración de 2014, a los ciudadanos que quisiesen abrir una cuenta se les exigía tener el check status (una verificación del estado legal en el país), pero nunca antes se había pensado en verificarlo a partir de la búsqueda de todas las cuentas corrientes del país. Satbir Singh, director ejecutivo del ‘Joint Council for the Welfare of Immigrants’ (organización nacional independiente que se encarga de combatir el racismo y la discriminación), criticó la medida general, además de creer que ni siquiera la llevarán a cabo sin cometer errores. También explicó que los migrantes legales y demás minorías étnicas tendrían problemas por la implantación de los nuevos controles, ya que el status de inmigración es bastante complejo.

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