Los cónyuges no europeos podrán mantener sus derechos derivados de la UE en Reino Unido

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El Tribunal de Justicia Europeo (TJCE) ha dictaminado en un caso histórico que un ciudadano de la Unión Europea (UE) que se convierte en ciudadano británico no pierde el derecho a tener un cónyuge de un país no perteneciente a la UE que viva con aquella persona en Reino Unido. Después de cinco meses de deliberación, el TJCE ha decidido que el Ministerio del Interior británico se equivocó al negarle a una mujer de doble ciudadanía británica-española el derecho a tener a su esposo argelino viviendo con ella en Reino Unido.

Los abogados especializados en inmigración sostienen que la decisión tendrá amplias implicaciones para los ciudadanos de la UE que solicitan pasaportes británicos y para aquellos que están casados o que están considerando casarse con una persona de fuera de la UE.

“Ésta es una gran noticia para los ciudadanos de la UE que se han trasladado a otro país europeo porque les permite beneficiarse de las reglas de la Unión Europea al unirse con sus familiares”, aclaró el abogado de inmigración Colin Yeo, un experto en libertad de movimiento.

“La corte ha sostenido que Reino Unido se ha equivocado al negarse a reconocer los derechos de libre circulación para todos aquellos ciudadanos de la UE que se han naturalizado como británicos después del referéndum. Sin embargo, después del Brexit, todos esos derechos se perderán a menos que se llegue a un acuerdo para retenerlos “, finalizó el abogado.

El caso de García Ormazábal y su esposo, Toufik Lounes, fue remitido al TJCE por el tribunal superior de Londres el año pasado después de que el Ministerio del Interior rechazara una solicitud de residencia permanente del argelino en Reino Unido. Él había llegado al país en 2010 con una visa de seis meses y luego permaneció ilegalmente.

García Ormazábal se mudó a Reino Unido como estudiante en 1996 y ha trabajado en el país a tiempo completo desde 2004. Se convirtió en ciudadana británica naturalizada en 2009 pero también retuvo su nacionalidad española.

El Ministerio del Interior había argumentado que los derechos de García Ormazábal bajo la Directiva de Libertad de Movimiento ya no se aplicaban cuando se convirtió en ciudadana británica en 2010 y que debería ser tratada como cualquier otro ciudadano británico que viva en el país. Por lo tanto, el esposo debería pasar por estrictos procedimientos de inmigración para comprobar si estaba cualificado para vivir en Reino Unido.

Según el Gobierno británico, las leyes de inmigración doméstica se aplicaban en su lugar y, por lo tanto, no tenían derecho a solicitar la residencia permanente en virtud de la legislación de la UE. El TJCE dictaminó que la directiva europea que rige los derechos de Ormazábal dejó de regir su residencia en Reino Unido. Sin embargo, el tribunal llegó a la conclusión de que su marido tenía un “derecho derivado” en virtud de las normas de libertad de circulación.

Para que las reglas de libertad de movimiento fueran efectivas, los ciudadanos europeos como García Ormazábal, que se mudan a otro Estado miembro y adquieren la ciudadanía del país, deben poder seguir teniendo derecho a formar una familia, según lo dictaminado por el Tribunal europeo. García Ormazábal demandó al Ministerio del Interior y el año pasado el tribunal superior remitió el caso de Londres a Europa y le pidió al Tribunal que decidiera si el Gobierno británico había violado la libertad de movimiento de la UE respecto a los derechos familiares.

La participación de España en la disputa legal

El alto tribunal le dijo al TJCE que tenía dudas sobre la compatibilidad de la decisión del Ministerio del Interior y la legislación del Reino Unido con la legislación de la UE y solicitó la dirección del Tribunal europeo sobre la aplicación de sus propias leyes. El caso fue de tal importancia que España y Polonia, así como también el Secretario del Interior de Reino Unido, hicieron presentaciones legales durante el verano.

En su sentencia, el TJCE señala que la directiva de la UE sobre la libertad de circulación de los derechos familiares no confiere derechos a los ciudadanos de la UE que no hayan ejercido esos derechos al mudarse a otro país dentro del bloque. Pero sí que los confiere a un ciudadano de la UE que se haya mudado a otro país y éstos son los llamados “derechos derivados”.

Dijo que negarle a García Ormazábal estos derechos sobre la base de que ella se había convertido en ciudadana británica era legalmente defectuoso. Esta interpretación de la ley europea, sostiene el tribunal, “equivaldría a tratar a la Sra. García Ormazábal de la misma manera que a una ciudadana británica que nunca abandonó el Reino Unido, sin tener en cuenta que ha ejercido su libertad de movimiento al establecerse allí y que ha conservado su nacionalidad de origen”.

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