El programa publicado por el Gobierno británico sobre los derechos migratorios de los ciudadanos comunitarios viviendo en Reino Unido ha suscitado un clima de confusión entre los más de 3 millones de residentes europeos asentados en el país. De éstos, se calcula que más de 200.000 son españoles, que han recibido con incertidumbre la noticia.
Tal es así que la plataforma de Facebook ‘Españoles en Reino Unido: surviving Brexit’, que cuenta con más de 4.000 miembros, ha mostrado su disconformidad a raíz de la controvertida propuesta de Theresa May.
En este sentido, uno de los portavoces del grupo, Nacho Romero, ha indicado en declaraciones a El Ibérico que el planteamiento del Gobierno británico «no es tan justo ni tan generoso» como afirma la primera ministra británica. Y aunque reconoce que incluye «algunas cosas buenas», se queda corto en comparación con la posición de la Unión Europea, por lo que se sienten en una especie de «limbo legal».
Con respecto al certificado de residencia, Romero se muestra totalmente en contra, pues esto es algo que «debería transferirse automáticamente» sin la necesidad de una nueva solicitud y, por tanto, «sin ningún coste». En lo que se refiere al desamparo del Tribunal Europeo de Justicia en suelo británico, el portavoz de la plataforma señala que debería existir «un ente internacional» que regule los derechos de los ciudadanos en Reino Unido.
«Adquirir el estatus de ciudadano asentado no debería suponer ningún coste»
Además, Romero ha subrayado que Reino Unido tiene las leyes más restrictivas del continente europeo en lo que concierne a la reunificación familiar, por lo que argumenta que el programa debería añadir más derechos y no quitarlos. Según el programa, los residentes europeos no podrían traer a un cónyuge a Reino Unido a menos que su umbral de ingresos supere las 18.600 libras anuales. Si bien el anuncio solo ha sido el inicio de las negociaciones, Romero confía en que finalmente se llegue a un acuerdo más justo en los próximos meses, para que así se garantice el derecho a la libre circulación entre Reino Unido y Europa.
El documento, aún no definitivo, propone entre otros asuntos la solicitud de una nueva tarjeta de residencia con el fin de adquirir la condición de «ciudadano asentado». Si bien incluye algunas garantías como el acceso al mercado laboral y al sistema sanitario, excluye otras como la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo.
