Tras varios meses de gran tensión entre el gobierno argentino y España, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido tomar el control del 51% de las acciones de la filial de Repsol. El Gobierno contará con un 26,01% del capital final y los gobernadores con un 24,99%.
Según el proyecto de ley que Fernández de Kirchner anunció ayer y que se enviará al Congreso, todas las acciones se le expropian a Repsol y ninguna al grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, poseedor del 25% de Repsol-YPF. Sin embargo, todos los accionistas se verán igualmente afectados por el desplome de la cotización, y los efectos de la valoración que haga el Tribunal de Tasaciones.
Fernández de Kirchner justificó esta nacionalización afirmando que «es la primera vez en 17 años que el país tiene que importar gas y petróleo.» La presidenta culpó a Repsol-YPF como responsable del déficit energético. En el texto presentado por Fernández de Kirchner también se insta al Estado a «arbitrar las medidas conducentes» para la «conversión de recursos en reservas comprobadas y su explotación,» la «integración del capital público y privado nacional e internacional en alianzas estratégicas» o la «maximización de las inversiones», entre otros puntos tratados.
La compañía YPF se mantuvo en el país durante la mitad de sus 200 años de historia. Era sinónimo de poder y civilización; sin embargo, tras su privatización en 1992 dejó de ser rentable. En 1998 Repsol decidió comprarla y diez años más tarde el presidente Nestor Kirchner presionó para que se introdujesen socios argentinos en la compañía. El grupo Petersen, entonces, compró una cuarta parta de las participaciones.
