David Cameron, Primer Ministro del Reino UnidoReino Unido volvió a poner patas arriba los principios básicos de la Unión Europea, esta vez en lo que se refiere a la libre circulación de personas dentro de los países miembros. La ministra de Interior británica Theresa May dejó claro en la reunión con sus homólogos europeos del pasado 5 de diciembre lo que ya había anunciado días antes el primer ministro David Cameron en el Financial Times: Reino Unido se opone a la libre movilidad comunitaria de búlgaros y rumanos.
Según May, permitir que estos ciudadanos se muevan libremente en Europa a partir del 1 de enero de 2014 supondría una llegada masiva de personas desde estos países del este hacia las islas británicas lo que se provocaría un consumo de recursos del estado de bienestar británico por parte de estos inmigrantes. Así, la ministra proponía cuotas de entrada que regulen el flujo de personas desde Bulgaria y Rumania hacia Europa.
Mientras que la Comisión Europea se negaba en rotundo a la proposición de May y respondía que «la libre circulación de personas no es negociable», al país anglosajón se le unían algunos de los países más ricos de la Unión. Alemania, Austria, Finlandia y Holanda se sumaban a la propuesta y el ministro alemán Hans-Peter Friedrich amenazaba con tomar medidas por su cuenta si la Comisión no era capaz de apoyarles en este asunto.
Viviane Reding, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía se mostraba rotunda en unas declaraciones a la agencia Reuters en respuesta a las medidas del ejecutivo británico: «Si Reino Unido quiere abandonar el mercado único [europeo], que lo diga. Pero si Reino Unido quiere seguir perteneciendo, la libertad de movimientos está vigente. Señor Cameron, no puede nadar y guardar la ropa».
Pero esta no es más que una medida más que se suma a la campaña anti-inmigración lanzada por los conservadores.
Hace unas semanas se pasaban por Londres unas camionetas con un banner que más bien parecía una pseudo amenaza para los inmigrantes ilegales, y días antes del anuncio contra el movimiento de personas desde Europa del Este, los tories se descolgaban con la noticia de que los nuevos inmigrantes, europeos o no, no podrán cobrar subsidios de desempleo durante sus primeros tres meses de estancia en el país y tampoco podrán reclamar de forma inmediata subsidios en la vivienda. Además todos aquellos que mendiguen o duerman en las calles serán deportados sus países de procedencia y no serán aceptados en Reino Unido durante el año siguiente.
Recientemente las organizaciones de extrema derecha han difundido la idea de que el extranjero quita el trabajo al nacional y provoca la bajada de los salarios, o que, cuando no lo hace, es porque viene al país a chupar del bote del sistema de bienestar británico cosa que ha puesto entre la espada y la pared a Downing Street. Esto, en un país donde, según una estadística de diciembre de 2012 publicado por el diario The Guardian y realizado por Joseph Rowntree Foundation, un 17% de los hogares que viven gracias a los subsidios ninguno de sus miembros ha trabajado jamás.
Por otra parte, según un estudio realizado en el mes de marzo de este año por el Instituto Oficial de Personal y Desarrollo de Reino Unido (CIPD en sus siglas en inglés), los extranjeros suponen un 17% de la los empleados en suelo británico en comparación con un 10% en el año 2002. En el informe, un 71% de las empresas declararon que la alta disponibilidad de extranjeros no tiene impacto en el salario. Además, ante la pregunta a los empleadores de las razones que les incitaron a contratar antes a un extranjero que a un británico, estos contestaron en un 56% de las ocasiones que se daba el caso de que estos tiene mejores cualidades y habilidades para el puesto, en un 34% que tenían una mejor ética laboral, y la mayor experiencia apareció en un 25% de las respuestas.
Mirando las cosas en perspectiva, la bigger picture como dirían los ingleses, esta nueva estrategia de Cameron parece más populista que una verdadera medida de ahorro en un país que necesitará en los próximos años millones de inmigrantes como consecuencia del envejecimiento de su población y en el que casi un quinto de sus contribuyentes son extranjeros.
