La ONU se enfrenta a la visión de las naciones conservadoras para sacar adelante una ambiciosa declaración que acabe con la violencia de género.
La lucha por los derechos de las mujeres abre este viernes un nuevo episodio que podría ser clave a nivel mundial. La comisión de las Naciones Unidas responsable de la condición de la mujer se apresura a llegar a un acuerdo para redactar una declaración que garantice, por fin, los derechos de mujeres y niñas y acabe con la violencia de género.
A pesar de la gran cantidad de apoyo que tendrá en la conferencia, el futuro de la declaración se encuentra en riesgo si no se logra el compromiso necesario por parte de las naciones más conservadoras y el Vaticano. Estas, entre las que se encuentran Rusia, Irán, Egipto y otras comunidades islámicas se oponen de pleno al texto por considerar que los derechos no deben imponerse sobre las tradiciones propias.
El acuerdo, que contempla además la salud sexual, los derechos reproductivos y la libertad sexual de las mujeres ha levantado ampollas en las comunidades islámicas. Egipto, sin ir más lejos, se ha mostrado en contra del derecho a las mujeres a presentar denuncia por violación marital o a trabajar o viajar sin el permiso del hombre. Líbia, por su parte, ha ido más lejos al emitir un pronunciamiento que invita a las mujeres musulmanas de todo el mundo a protestar contra el documento de la ONU.
Los países más católicos, como Polonia, y el Vaticano, se han mostrado también reacios a la propuesta en base a la defensa de la familia y las costumbres, mientras que Rusia, a pesar de encontrarse en un momento de cierta tensión antifeminista podría estar oponiéndose para ganarse el favor de los países islámicos.
La necesidad de llevar adelante este acuerdo con urgencia nace de una situación actual plagada de casos de violaciones y abusos. Un reciente informe del Banco Mundial ha estimado que al menos 600 millones de mujeres viven hoy en día en países donde la violencia de género no está considerada delito y más de tres millones de niñas se enfrentan a la mutilación genital. Tal y como ha afirmado Inga Marte Thorkildsen, Ministra de Igualdad de Género de Noruega, «la violencia contra las mujeres debe ser vista como una cuestión de derechos humanos que nada tiene que ver con la cultura o la religión».
