El pasado 14 de febrero el mundo recibía la noticia de que el atleta Pistorious mataba por error, o sin él, a su novia Steenkamp. El pasado San Valentín el mundo del deporte se despertó consternado con la noticia. El atleta sudafricano Oscar Pistorius había disparado a su novia Reeva Steenkamp en su casa de Pretoria. Las primeras informaciones apuntaban a que el deportista había confundido a su pareja con un intruso y se había defendido con lo primero que encontró (en este caso un arma de fuego debajo de la cama). Poco a poco fueron trascendiendo más detalles sobre el suceso: Pistorius disparó a través de la puerta del baño donde Steenkamp estaba encerrada, los vecinos escucharon discusiones previas a las detonaciones, el corredor llamó a un amigo momentos después de disparar para confesar que había matado a su novia, y así sucesivamente, un goteo de detalles sobre lo ocurrido.
A día de hoy todavía no se sabe con exactitud qué pasó aquella noche y, lo que es más importante para el caso, se desconocen las razones por las que Pistorius disparó a Steenkamp, que serán las que marquen la diferencia en la pena que se le imponga al atleta. Sin embargo, con la cantidad de información que ha trascendido a la prensa y el tratamiento que esta misma le ha dado al caso, la mayoría de los medios, y la sociedad en general, ya ha juzgado en un juicio paralelo: Steenkamp ha fallecido y ya no podrá seguir sonriendo, y la imagen de Pistorius cabizbajo «posando» para los periodistas en el juzgado nunca se olvidará.
Además de lo sorprendente del suceso en sí mismo, la cantidad de información que se ha filtrado a la opinión pública reabre la discusión sobre qué información han de difundir los medios en los procesos judiciales y qué tratamiento se le ha de dar.
El juez Grande-Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se mostraba contrario a los juicios paralelos en unas jornadas sobre Periodismo y Justicia celebradas en la Universidad de la Laguna (Tenerife) el pasado febrero, juicios a los que definía como «una información continuada sobre imputados estableciendo un estado de opinión sobre los hechos y su participación».
Por otra parte, el juez también reconocía la necesidad de la prensa de informar y lo complicado que era «fijar las reglas» entre la justicia y los medios, marcando así una clara diferencia entre periodismo de investigación y los juicios paralelos.
En España se están sucediendo estos días dos juicios de gran repercusión mediática, el de Iñaki Urdangarín, yerno del Rey Juan Carlos, acusado de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y falsedad documental, y el de Luis Bárcenas, ex-tesorero del PP imputado por cohecho, blanqueo de dinero y delito contra la Hacienda Pública. En ambos casos, documentos originales utilizados en la causa como pruebas contra los imputados -correos electrónicos o anotaciones personales manuscritas- han sido publicados en la prensa nacional. Para la opinión pública, el juicio en el juzgado es un mero trámite, porque la sociedad ya ha sentado sentencia.
Según el diario económico Expansión, tanto es así que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está pensando en sustituir la palabra «imputado» en la apertura de juicio oral, que se ideó en principio para proteger al acusado de estos juicios paralelos, por otros términos como «testigo asistido» y «procesado».
Por su parte, Gabriela Bravo, vocal portavoz del Consejo General del Poder Judicial, propone dotar a los jueces de una herramienta que permita evitar que determinada información se publique de manera indebida.
Como en el caso de la información relacionada con la investigación de la muerte de Alexander Litvinenko, fallecido en 2006 por ingesta de polonio. El pasado 26 de febrero, distintos medios británicos, entre los que se encuentran la BBC, el rotativo The Guardian o el Financial Times, se quejaban por la falta de información sobre la investigación de la muerte del espía. En este caso, el Gobierno británico ha iniciado un proceso de solicitud legal para tratar de mantener en secreto la información que pueda surgir de dicha investigación, obviamente no para frenar un juicio paralelo, sino porque podría comprometer la seguridad nacional y las relaciones internacionales de Reino Unido.
Volviendo al asunto de los juicios sociales, una instrucción de la Fiscalía del año 2005 ya advertía de la problemática y riesgos de los juicios paralelos, y pedía evitar que «la Justicia emane de los medios de comunicación».
Una vez más, e independientemente de lo evidente que pueda parecer la culpa del procesado, se tendrán que activar los mecanismos necesarios para encontrar un equilibrio entre el derecho a informar y estar informado, y el derecho a la presunción de inocencia, apelando a la responsabilidad social de los medios de comunicación a la vez que se dota a la justicia de los medios necesarios para que los juicios sean aún más justos.
