Sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.El pasado 21 de octubre quedó anulada la doctrina Parot, jurisprudencia española consecuencia de la sentencia judicial del Tribunal Supremo de 2006 por la que los presos pueden acumular penas más allá del máximo de los 30 años que fijaba el viejo Código Penal del 1973. Antes de esta fecha, la máxima pena de cárcel que un criminal podía cumplir eran 30 años, independientemente de que este hubiera sido condenado por un delito o por diez. Tras el fallo del Tribunal en 2006 y que fue consecuencia de la inminente salida de prisión del miembro de ETA Henri Parot condenado por 82 asesinatos, un condenado por más de un delito, empezaba a cumplir la pena del segundo una vez terminada la del primero, es decir, éstas no se superponían en el tiempo.
Paradójicamente, siete años después, los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) desautorizan a España a aplicar esta doctrina como resultado de un recurso interpuesto por la defensa de la etarra Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de cárcel y a la que se acusa de 24 asesinatos. El TEDH consideraba de esta forma que, España vulnera con la aplicación de la doctrina el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que no puede existir una pena sin ley que la avale, y el artículo 5 que contempla el derecho a la libertad y la seguridad. Además de someter a votación la adecuación de la doctrina Parot a los artículos 5 y 7 del Convenio de los Derechos Humano, el TEDH estuvo de acuerdo, con 16 votos a favor y uno en contra, con la excarcelación de la etarra.
Inés de Río, a la que el gobierno español habrá de pagar una indemnización de 30.000 euros por los daños morales causados y que a su vez debe 19 millones al Estado en concepto de indemnizaciones que éste pagó a las víctimas del terrorismo, salió de prisión dos días después del fallo de Estrasburgo mientras que el etarra Juan Manuel Píriz se convirtió en el segundo preso de la banda terrorista que abandonaba la cárcel tras decretar la Audiencia Nacional su inmediata puesta en libertad por 15 votos a favor y tan solo uno en contra el pasado 25 de octubre. Además, al menos otros 51 presos de ETA, algunos condenados a miles de años de cárcel, han recurrido ante la Audiencia Nacional para lograr la libertad o para que se adelante su fecha de salida de prisión tras la anulación de la jurisprudencia que les mantiene entre rejas.
La medida del Tribunal de Estrasburgo, que no solo afecta a presos por terrorismo, pone de nuevo en primera línea de debate a la banda terrorista ETA, preocupación que se había relegado a un segundo plano para la mayoría de los españoles tras el paro, la economía y la corrupción política.
El domingo 27 de octubre la Asociación de Víctimas del Terrorismo (ATV) convocó una manifestación en el centro de Madrid contra la nulidad de la doctrina Parot y la puesta en libertad de convictos de la banda terrorista ETA. «Queremos que este clamor llegue a Estrasburgo (…) queremos justicia», dijo Ángeles Pedraza, presidenta de la asociación, en un discurso en la madrileña plaza de Colón, plagada de banderas españolas. «Que se pague proporcionalmente por sus crímenes. Ni un día más, pero ni un día menos», agregó.
El Gobierno por su parte declaró la decisión de Estrasburgo como «injusta» aunque dice, la acatará. Mientras, Esteban Pons, número tres del PP, afirmaba que «la sentencia es una humillación a las víctimas».
Sin embargo, sobre el sentimiento popular están la justicia y las leyes y, como tales, efectivamente hay que acatarlas. Enrique Botella, abogado de Manuel Pinteño, un preso común acusado de múltiples atracos en la década de los 70 y los 80 y al que se le aplicó la doctrina Parot y que ahora reclama una indemnización al Estado, defiende la postura del TEDH y añade que a España «se le tendría que caer la cara de vergüenza» por ser el Tribunal de Derechos Humanos y no el Constitucional el que corrija una situación que consideraba contraria al Derecho.
En una entrevista para el diario alicantino Información, el letrado declaraba que la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot ha sido el triunfo del Estado de Derecho a la vez que afirmaba que hay fórmulas legales para luchar contra etarras y violadores. En la opinión de Botella, la doctrina Parot era una interpretación errónea que pretendía cubrir un vacío de la legislación y los jueces no están para cubrir vacíos, porque eso corresponde al poder legislativo.
De esta forma, Botella le pasa la responsabilidad a las cámaras, el Congreso y el Senado, que deberán legislar de acuerdo con el sentido común y, más importante aún, el de justicia.
