Las tropas fieles al coronel Muammar Gadafi reprimían las protestas civiles en las calles de Tajura, en Trípoli, con gases lacrimógenos. Pero el uso contundente de armamento contra la población civil en otros puntos del país no ha pasado desapercibida en Nueva York ni en Bruselas. El temor a que la dictadura libia esté utilizando los recursos nacionales para abastecerse de liquidez con la que costear la represión, ha provocado la resolución 1970 de las Naciones Unidas, en que insta a la inmovilización de «los fondos, activos financieros y recursos económicos bajo control, directo o indirecto, de individuos y entidades» de la administración del régimen. Así, el cerco internacional sobre las propiedades del clan Gadafi se ha extendido ahora a la Autoridad Libia de Inversión o LIA, el fondo de capital soberano al que pertenece Oilinvest. Parte de Oilinvest, que agrupa las propiedades industriales petrolíferas de Libia, es la firma Tamoil, que comercializa combustible y productos lubricantes en España a través de tres delegaciones, seis centros mercantiles, cuatro sedes distribuidoras y cerca de 30 estaciones de servicio, con una plantilla de 103 empleados y un volumen de negocio superior a los 220 millones de euros, según las cifras aportadas por la compañía.
La empresa mantiene una filial de gestión en Xixona (la sede social se encuentra en L’Hospitalet de Llobregat). Tamoil comercializa combustible, carburantes y lubricantes en España desde 1989, aunque el grueso de su actividad se reparte entre Alemania e Italia, junto al principado de Mónaco, Holanda y Suiza. Dispone de 2.700 estaciones en la Unión Europea y su producción en 2010 arrojó un valor cercano a los 7.500 millones de euros.
«Un motivo más que posible para congelar los flujos de capital que se mueven en el conglomerado de LIA», explica Hammad Ahmed Mir, de Barclays Bank, «es el intento de evitar que ese dinero vaya a parar a las manos de Gadafi, claro». En efecto, Downing Street fue el primer gobierno europeo que se atrevió a secundar la recomendación de las Naciones Unidas con una orden que impide los tratos de la City de Londres con la Compañía Libio-Árabe de Inversión Exterior y el Banco Libio-Árabe Exterior -que efectuó en 1995 la compra de las 6.000 hectáreas de la finca malagueña La Resinesa, cuyo proyecto de urbanización ha bloqueado recientemente el gobierno español. Exento, eso sí, ha quedado el British-Arab Commercial Bank, asociado al gigante británico HSBC.
La dependencia energética ha llevado (no sólo) a Europa a servir de cojín económico de sistemas políticos opresivos a su alrededor. Y esta postura no es la más cómoda, es un error.
