Oficinas centrales de la CAM, en Alicante.Trece millones de euros. Esta es la cantidad que se han embolsado directivos de la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) antes de ser intervenida por el Banco de España. Indemnizaciones millonarias antes de abandonar el barco y pensiones vitalicias de cientos de miles de euros en un rescate que le ha costado de momento a las arcas públicas, a todos los contribuyentes, 2.800 millones de euros aparte de una línea de crédito de 3.000 millones para aportar liquidez a la entidad bancaria.
El pasado mes de julio los responsables de la CAM pidieron la intervención y el cambio de los administradores de la caja alicantina. Las cuentas no cuadraban por culpa de una nefasta y, a la vista de los hechos, irresponsable gestión de sus directivos. Es decir, los autores del desastre gestionaron negligentemente la entidad, y antes de abandonarla autorizaron indemnizaciones y pensiones millonarias para ellos mismos. Posteriormente, el banco central de un país, España, con una tasa de paro que supera el 20%, donde se están recortando servicios públicos básicos como los sanitarios (se están cerrando unidades médicas en grandes hospitales) y con una deuda pública que supera el 60 por ciento del PIB, se ha visto obligado a ir en auxilio de la caja para evitar males mayores. Y todo ello con el objetivo de que los ahorradores y clientes que en su día depositaron su confianza en la entidad no pierdan su dinero.
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante la evaluación de la reestructuración de las cajas, tranquilizaba así los españoles: «Uno entiende que la gente se escandalice, solo faltaba que no se escandalizase; pero los clientes pueden quedarse tranquilos, cuando se adjudique (la entidad en subasta), la gestión va a estar en manos serias».
Y es que no es para menos, es para escandalizarse y mucho más. La CAM fue la última del ranking en el pasado test de estrés con la nota de solvencia más baja en las pruebas de resistencia de la banca europea. Mientras que su intento de convertirse en banco a través de una fusión con Caja Extremadura, Caja de Cantabria y Cajastur fracasaba porque estas últimas detectaron un agujero en las cuentas de la CAM de 5.000 millones de euros, la caja del mediterráneo se dedicaba a comprar pagarés de la Generalitat Valenciana por 200 millones al 4,75%. Comunidad que por cierto sobrepasa los 20.000 millones de deuda, casi un 20% de su propio PIB.
El último capítulo de este culebrón de mal gusto, que podría ser un spin off de cualquiera de las tramas que han ocupado las portadas de los medios españoles en los últimos meses, es el despido de la que era la directora general de la CAM después de la intervención, la cual se asignó un sueldo de 600.000 euros anuales, para no ser menos, y una pensión vitalicia de 370.000 euros. El motivo del despido: «contabilidad creativa». Según fuentes internas de la CAM, la ya ex ejecutiva de la caja, María Dolores Amorós, se limitó a mantener la maquinaria heredada de López Abad, su predecesor y receptor de 5,8 millones de euros en concepto de indemnización. Las mismas fuentes añaden que Amorós, mano derecha de López Abad antes de que abandonara su puesto, fue una dirigente que desarrolló su papel de manera funcionarial, sin iniciativas propias.
Desde luego que es para escandalizarse porque mientras unos se aprietan el cinturón y hacen contabilidad creativa para llegar a fin de mes, otros se aprovechan de sus posiciones y contactos para hacerse todavía más ricos. Con la que está cayendo.
