La presidenta popular de la comunidad manchega afirma que su tijeretazo supondrá un ahorro de 1.815 millones, además favorecerá la creación de trabajo en 8.000 puestos
María Dolores de Cospedal (PP), presidenta de Castilla-La Mancha, presentó ayer el plan de recorte de la administración autonómica que encabeza desde las Elecciones Autonómicas que se celebraron el pasado mes de mayo. Los números son redondos, una disminución del 20% del Presupuesto. Según la presidenta se pretende ahorrar «1815 millones de euros, 1718 de menos gasto y 97 de mayores ingresos». «Lo vamos a hacer con el mayor plan de choque contra el gasto corriente, que se ha hecho nunca en toda España».
En muchos debates, los tertulianos en España hablan de un ejemplo de la posible política que Mariano Rajoy, candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular, podría ejecutar en el caso de ganar en las urnas en las avanzadas Elecciones Generales del 20 de noviembre. Hay que tener presente que De Cospedal es la número dos del PP, es decir, es la sombra de Rajoy, y a través de ella se podría visualizar la estrategia que el PP podría llevar a cabo una vez se hiciera con el control del Gobierno de España, además las palabras de la presidenta manchega subrayando que sus medidas serán «un ejemplo para toda España» han reavivado los argumentos.
La reducción presupuestaria que ha anunciado Cospedal para Castilla-La Mancha, la Comunidad con más déficit de España, ha sido ‘aplaudida’ por la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, que ayer se encontraba en Londres. Salgado ha apoyado el plan de ajuste diciendo que «es lo que se debe hacer», según recoge el periódico español El País.
Cospedal justifica los recortes, según las declaraciones que han quedado reflejadas en la web del Gobierno manchego, cumpliendo con «el mandato constitucional de que un Gobierno no pueda gastar más de lo que tiene, no pueda engañar nunca a los ciudadanos, no pueda crear falsas expectativas, y dedique todas sus energías a la creación de riqueza y de empleo». Ha criticado la mala gestión de su antecesor, el socialista José María Barreda, confesando que cuando llegó al poder encontró un agujero de «obligaciones reconocidas y no pagadas por valor de 2.600 millones con las que nos encontramos a 30 de junio de este año», pero que a pesar de ello sus medidas anunciadas van a «permitir pagar a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios todo aquello que se les adeuda».
Ha señalado que su plan tiene unos objetivos claros: «crear empleo y proteger los derechos sociales, la defensa de los servicios públicos y la mejora en la calidad de las prestaciones de los ciudadanos de Castilla-La Mancha». Y ha subrayado que el «gasto social no disminuirá», eso sí, con los recortes de personal se ahorrará unos 391 millones de euros.
Cospedal reconoce que los «dos primeros años serán difíciles», pero que con estos ajustes «podremos bajar la cifra de desempleados que es la mayor angustia que tenemos hoy en el Gobierno de Castilla-La Mancha».
Desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha la respuesta a la postura de la nueva Presidenta popular no se ha hecho de esperar y José Luis Martínez Guijarro, portavoz del Grupo Socialista, ha afirmado que «un recorte de un 20 por ciento del Presupuesto de la Junta pone en riesgo los servicios sociales», según una nota de prensa colgada en la página web del partido.
Martínez Guijarro ha dado a conocer cuál será la postura de su Grupo durante los próximos meses y ha señalado que los socialistas actuarán para «llegar a acuerdos con el Gobierno en materia de empleo, evitar que De Cospedal siga con su política de recortes sociales y exigir al Gobierno que, de una vez, se ponga a gobernar y deje de ser la oposición de la oposición». Y ha defendido al Partido Socialista de Castilla-La Mancha frente a las críticas recibidas por Cospedal aludiendo que su partido construyó «uno de los mejores sistemas sanitarios, educativos y de protección de toda España» mientras estuvo al frente de la Comunidad.
Según datos socialistas el recorte de funcionarios que De Cospedal pretende ejecutar supondrá la reducción de hasta 14.000 puestos de trabajo.
