Desde el pasado 26 de marzo los ciudadanos españoles tienen la posibilidad de participar en la elaboración de la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno propuesta por el Gobierno español, a través de la página web www.leydetransparencia.gob.es. Así lo anunció el Partido Popular tras aprobar el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros del viernes anterior.
La ley sobre la que los internautas pueden enviar sus sugerencias y consultas, permitirá conocer información institucional, organizativa y de planificación de la Administración Central y las Administraciones locales e instituciones públicas en general, así como información económica, presupuestaria, estadística y de relevancia jurídica.
Esta iniciativa presenta dos novedades. La primera, el hecho de dar a los ciudadanos la oportunidad de participar en la «producción» de la ley y, en segundo lugar, la ley propiamente dicha, una norma que pondrá en conocimiento de los españoles cómo se organizan las instituciones y cómo, por qué y en qué se están gastando el dinero.
El Partido Popular, con la propuesta, pretende atajar el problema que más preocupa a los españoles en la última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), realizada en el mes de marzo. Después del paro y la crisis, lo que más inquieta al conjunto de los españoles es la clase política. El Gobierno explica en su web que «restaurar la confianza de la sociedad española exige ampliar su capacidad para conocer cualquier aspecto relativo a la gestión de los asuntos y recursos públicos» y, por ello, pretende otorgar a las cuentas públicas la transparencia de la que no disponen a fecha de hoy. Por otra parte, el PP expresa en la misma web «en coherencia con el propio sentido de apertura, transparencia y lealtad democrática que anima esta Ley», su deseo de que los beneficiados por la misma, es decir, todos los ciudadanos, «se sientan involucrados en su gestación».
El anuncio de la ley se produjo a escasos días de publicarse la condena de una de las veinte causas pendientes de Jaume Matas, ex presidente del Gobierno balear y ex ministro de Medio Ambiente. Seis años de cárcel y nueve y medio de inhabilitación es la pena impuesta por pagar fraudulentamente con fondos públicos al periodista Antonio Alemany. Y el de Matas es solo uno de los ejemplos más recientes de corrupción de la clase política española.
La nueva ley además pretende sancionar las infracciones en materia económica y presupuestaria con penas que pueden llegar a los 10 años de inhabilitación y la correspondiente multa en caso de ocultación o falseamiento, destitución de los cargos públicos, no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública estatal en los términos previstos en la Ley. Los autores de infracciones graves y muy graves no podrán ser nombrados para ocupar determinados cargos públicos durante un periodo de entre cinco y diez años, y se tipificarán infracciones para castigar las conductas más graves, que sean merecedoras de sanciones penales.
Algunos expertos, aunque la creen imprescindible, ven la ley como una norma «simbólica» y «ley de mínimos». «Es una ley que deja fuera mucha información, por lo que necesita muchas mejoras», afirmaba Victoria Anderica, coordinadora de Access Info Europe, organización que defiende el derecho a saber. Además, los especialistas han identificado numerosas carencias en la Ley, entre otras la omisión de las cuentas de la Casa Real, que no está sujeta a las mismas obligaciones que el resto de administraciones públicas a excepción de un control de «temas económicos». Mientras, surge la pregunta de por qué esta ley tan necesaria ha llegado tan tarde. En la actualidad, 90 países de todo el mundo cuentan con una Ley de Transparencia y tan solo cuatro países europeos carecen de ella: España, Chipre, Malta y Luxemburgo.
A pesar de la tardanza de la ley, busquemos el aspecto positivo de la misma. Los ciudadanos, de alguna manera, van a estar mejor informados de cómo y en qué se emplean los fondos públicos y, lo que es más importante, España estará un poco más cerca de la tan demandada democracia participativa donde los ciudadanos y sus opiniones, sugerencias y propuestas adquieren un peso significativo en la toma de decisiones de los gobiernos que, al fin al cabo, les representan.
