La reforma energética aprobada el pasado 12 de julio por el Gobierno español pretende imponer un ajuste de 4.500 millones de euros anuales para reducir la deuda del sistema eléctrico, que ya supera los 26.000 millones. Como se estima que 2.700 millones del recorte serán asumidos por las empresas del sector, el ejecutivo ha querido acercarse a Londres para explicar todos los detalles y evitar que la reforma pueda ahuyentar la inversión británica en infraestructuras españolas.
Por ello tanto el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el de Economía, Luis de Guindos, viajaron el pasado 23 de julio a la capital británica, donde, acompañados del secretario de estado de Energía, Alberto Nadal y el director de la Oficina comercial de la Embajada, José Antonio Zamora, se reunieron con analistas, banqueros e inversores para detallar los cambios normativos que han ido entrando en vigor durante estas últimas semanas. El objetivo de las reuniones, que han tuvieron lugar en el hotel Melia White House y se prolongaron durante al menos tres horas, ha sido aclarar que «el paquete normativo establece un marco que garantiza la estabilidad financiera del sistema eléctrico al fijar un sistema automático de revisión que evitará la aparición de nuevos desajustes».
En definitiva, este paquete de medidas pretende acabar con el déficit tarifario -el desajuste entre los ingresos y los gastos del sistema- que ha sido el responsable de la enorme deuda actual. Además de los inversores, tanto los Presupuestos Generales del Estado como los consumidores tendrán que asumir un ahorro de 900 millones de euros anuales cada uno para llegar a la cifra de los 4.500 millones que se pretenden reducir el gasto. Para los ministros, la medida es «la mejor fórmula» para atajar el déficit de la tarifa de la luz y evitar el colapso, a pesar de que hay quienes señalan que cambiar las normas en mitad de la vida de los activos puede poner en peligro la inversión extranjera.
Durante la reunión, los ministros de Economía e Industria han separado en varios grupos a los asistentes en vez de realizar una presentación para todos los invitados, que fueron convocados en nombre del Gobierno por el banco de inversión Goldman Sachs. Analistas, gestores de Hedge funds y economistas de bancos londinenses fueron el principal objetivo del ejecutivo a la hora de explicar la reforma. Entre ellos, apenas hubo fondos de infraestructuras o firmas de capital riesgo con inversiones en energías renovables en España, a pesar de que estas son las entidades más afectadas por la nueva normativa. Los cambios normativos no han sentado bien a todos y, de hecho, hay diversos fondos que han iniciado ya procedimientos de arbitraje contra el Gobierno español por las diversas modificaciones de los últimos años en la regulación energética.
