Hace tan sólo unos días, el Gobierno británico publicó por primera vez el desorbitado número de personas extranjeras que recibieron subsidio estatal por desempleo en 2011. Seguro que alguno que esté leyendo este editorial esté pensando: «Anda, yo soy uno de ellos»; o como mínimo conocerá a alguien que lo haya recibido o que aún esté cobrándolos. La cifra exacta es de 310.000 personas, lo que equivale al 6% del total del total de beneficiarios.
«Come here to work, not to claim benefits», «We need a rethink on benefits for migrants» o «Stop this abuse of British hospitality» son algunos de los titulares de opinión o editoriales que se han publicado estos días tras conocerse los resultados del estudio. El diario Evening Standard en concreto, hace una reflexión interesante acerca de este problema que está empezando a minar la paciencia de la clase media británica. «Estamos seguros», dice el Standard, «que los inmigrantes que llegan a Reino Unido lo hacen por motivos de trabajo». «Pero cuando vienen aquí y reclaman beneficios, es difícil determinar si lo hacen porque realmente lo necesitan o simplemente porque se aprovechan del sistema. Los británicos también se aprovechan del sistema pero lo que sorprende es el elevado número de inmigrantes que recibió beneficios en tan sólo un año».
Y tiene toda la razón, no hay ningún control con estos subsidios, carnaza deseada por los múltiples sinvergüenzas que habitan las Islas Británicas. Asimismo, explica el periódico en su editorial del 20 de enero, los británicos tienen limitado sus derechos a subsidios en otras partes de la Unión Europea e incluso no tienen derecho a ninguna de estas ayudas en los países que, precisamente, emiten el mayor número de esos emigrantes que después reclaman ‘benefits’ en Reino Unido: Pakistán, India y Somalia. «Cuando los británicos trabajan en el extranjero en tiempos difíciles tienen que valerse por sí mismos o volver a casa. Lo mismo debería aplicarse para los inmigrantes en este país», sentencia Standard en su editorial. Voces autorizadas ya han dado su opinión, como la del ministro de Trabajo y Pensiones, Chris Grayling, que criticó que personas de otros países pudiesen reclamar esos beneficios sin haber trabajado o pagado impuestos nunca antes en el Reino Unido.
