La sanidad pública británica, National Health Service (NHS), se encuentra en época de cambios. Después de que el ministerio de Sanidad anunciara el pasado mes de julio cambios respecto a la cobertura sanitaria de los no-europeos, ahora el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP, en sus siglas en inglés), plantea como opción que los inmigrantes tengan un seguro médico privado como requisito para entrar en el país. Otra medida que considerada por el UKIP es la de aplicar una tasa de 200 libras a aquellos que quieran obtener una visa de más de 6 meses.
Con estas ropuestas se pretende subsanar la maltrecha salud económica del sistema sanitario público deficitario. Restringiendo el acceso a ciudadanos no comunitarios pretenden disminuir con el denominado «turismo de salud», es decir, aquellas personas que prevén venir deliberadamente al Reino Unido para beneficiarse de tratamientos y operaciones de forma gratuita.
Tim Aker, miembro del UKIP, califica la medida como una forma «simple para evitar el abuso del sistema». En la misma dinámica, Aker, defiende la iniciativa como forma de que la sanidad vuelva a ofrecer el servicio para el cual fue creado: «Un servicio nacional, no internacional».
El Departamento de Salud británico calcula que el coste de tratar a extranjeros es de, al menos, 30 millones de libras al año solo en Inglaterra, aunque los doctores creen que el gasto podría ser mucho mayor. Por este motivo, el pasado mes de julio lanzó una lista de propuestas para recortar el gasto. Entre los puntos propuestos se encontraban restringir el tratamiento gratuito, hacer pagar 200 libras al año a los no-comunitarios -si no disponen de seguro privado- o mejorar el proceso para identificar y cobrar a los que no sean contribuyentes.
No solo el Reino Unido tiene saturación en su sistema sanitario. España también ve como el «turismo de salud» agrava el ya preocupante presupuesto de la sanidad. Y es que son muchos los extranjeros que viajan a España para operarse por ejemplo, el problema viene cuando nadie paga la factura y pasa al contribuyente. En concreto, en 2012, casi 700.000 extranjeros accedieron sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que supuso un gasto de 917 millones de euros. La ministra de Sanidad española, Ana Mato, ya propuso que los inmigrantes «sin papeles» deberían abonar entre 60 y 157 euros al mes para obtener una cobertura sanitaria básica, decreto que entró en vigor a principios de septiembre.
Estas propuestas pretenden que la sanidad siga siendo pública y viable pero plantea el debate acerca de si dejará de ser un derecho universal garantizado. Los médicos de cabecera británicos se han manifestado al respecto asegurando que su trabajo es atender al paciente y averiguar la situación financiera del inmigrante. «Mi principal deber es el paciente, no les pregunto si tienen tarjeta de crédito o si pueden pagar», manifestó al respecto Clare Gerada, presidenta del Royal College de médicos de atención primaria.
