Lago Ness en Escocia./ Sofía Brito.Westminster cede al Parlamento de Edimburgo la competencia legal que permite celebrar la consulta en 2014
El Parlamento británico en Westminster cedió la semana pasada al Parlamento escocés en Holyrood el poder legal para la consecución de un referéndum de independencia en Escocia que tendrá lugar el próximo año 2014. La Cámara de los Comunes aprobaba la transferencia de competencias el pasado martes 15 de enero y al día siguiente lo hacía también la Cámara de los Lores, dando así luz verde al gobierno escocés para que organice la votación por medio de un mecanismo legal denominado Sección 30.
Hasta entonces, el Parlamento de Edimburgo no tenía las competencias institucionales para llevar a cabo un proceso de consulta vinculante que constitucionalmente le corresponde al Parlamento de Londres. Es la primera vez en la historia de la Unión Europea que un gobierno estatal cede este tipo de potestad legal a una institución autonómica, dándose la particularidad de que el Reino Unido carece de una Constitución escrita como tal, a diferencia del resto de países comunitarios.
Sin embargo, según explica la profesora de Derecho Comparado Europeo de la universidad londinense Queen Mary, Margot Horspool, «el Reino Unido sí tiene Constitución aunque está escrita por partes en distintos documentos constitucionales, leyes y convenciones que habría que modificar si Escocia se independizara». «Es la denominada legislación arraigada», añade, «algo muy difícil de cambiar en todo caso».
De cara a la influencia legal que el referéndum escocés pudiera tener sobre otras minorías nacionalistas europeas, el profesor de Política del Birkbeck College de la Universidad de Londres, Eric Kaufmann, apunta que «los textos constitucionales son relativamente irrelevantes ya que el deseo separatista está conducido por dinámicas domésticas y por balances de poder más que por consideraciones legales». En su opinión, más que un impacto legal, el referéndum escocés sí podría tener un impacto simbólico que llevaría a otras minorías nacionalistas a demandar derechos similares.
Kaufmann pone como ejemplo el caso de la provincia francófona de Quebec «cuya disputa constitucional con el gobierno canadiense no impidió la celebración de los referéndums de independencia ni el deseo separatista». Los quebequenses han celebrado dos consultas secesionistas a lo largo de su historia, una en el año 1980 y otra en 1995, aunque ninguna de ellas registró el suficiente número de votos para alcanzar la independencia.
“Cataluña es una región más rica que la media española, mientras que Escocia es un receptor neto de dinero inglés”, Eric Kaufmann.
Respecto al caso de la Comunidad Autónoma española de Cataluña, el profesor considera que las diferencias con la región británica de Escocia son principalmente políticas. «Los castellanos se resisten más al secesionismo de los catalanes que los ingleses al secesionismo escocés», explica. Entre las justificaciones a este contraste, Kaufmann destaca que «Cataluña es una región más rica que la media española, mientras que Escocia es un receptor neto de dinero inglés». Y añade que los catalanes tienen más reciente los amargos recuerdos de la represión sufrida durante la dictadura franquista en el siglo XX, que los escoceses de la represión del siglo XIV.
A la hora de comparar Escocia con Cataluña, la profesora Horspool también destaca el factor económico. «Escocia es una de las regiones más pobres del Reino Unido, mientras que Cataluña es económicamente independiente», valora. Aun teniendo en cuenta el hecho de que Escocia posee yacimientos de petróleo, «los ingleses no se van a trabajar a Escocia por regla general, mientras que en España la población se traslada a Cataluña para trabajar», justifica Horspool. Desde su punto de vista, habría que hacer también otro interesante paralelismo: «mientras los escoceses desean mantener la figura de la Reina Elizabeth II como jefa de estado, no está tan claro que los catalanes deseen conservar la figura del Rey Juan Carlos I en caso de independizarse», compara.
No obstante, el caso de Escocia no presupone un cambio inmediato en el futuro de la organización territorial de la Unión Europa pues, para los expertos, este tipo de procesos independentistas son poco probables. Por un lado, la profesora de Derecho explica que no tiene mucho sentido que estas minorías pretendan seguir formando parte de una entidad mayor como es la Unión Europea y, a la vez, desprenderse de uno de sus estados miembros. «Tendría más sentido si quisieran independizarse al estilo de Suiza», comenta Horspool. «Francamente, la gente no ve que la independencia de Escocia vaya a producirse», añade la profesora, «y es por ello por lo que el gobierno británico se permite ser bastante flexible a la hora de celebrar el referéndum».
Por otra parte, Kaufmann advierte de que «la comunidad internacional no está interesada en abrir la puerta a un gran número de nuevos estados soberanos». Para el profesor de Política, aunque el derecho de autodeterminación fue definido por las Naciones Unidas, es precisamente esta organización internacional la que no se comprometerá con nuevos procesos independentistas al estar formada por estados miembros que, en su mayoría, cuentan con minorías nacionales.
