Miles de personas se manifestaron el 23-F en ciudades españolas y extranjeras, como Londres.
En la capital británica las protestas se extendieron por distintos puntos de la ciudad. Trafalgar Square, la Embajada española en Londres, o la sucursal del banco Sabadell fueron algunos de los lugares en los que los manifestantes, en su mayoría españoles «exiliados» en Londres, reivindicaban una «Democracia Real» y culpaban a los políticos y a los grandes bancos de la situación en la que el país se encuentra inmerso.
La concentración del 23-F tuvo lugar el mismo día en el que se cumplían 32 años del golpe de estado protagonizado por el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, con el objetivo de simbolizar un «golpe de estado financiero» y bajo el lema «Sí se puede» y cánticos como «El próximo parado, que sea diputado».
Pese a que el movimiento tuvo su impacto en países fuera de España, fue aquí donde la movilización fue mayúscula. En referencia al nombre de la plataforma que había convocado la manifestación -Marea Ciudadana- y portando banderas multicolores, la multitudinaria protesta escenificó una marea de colores con diferentes tonos cromáticos que reflejaban las distintas reivindicaciones. Así, por ejemplo, el verde se utilizó a favor de la Educación pública, el blanco contras las privatizaciones en la Sanidad, el negro en defensa de la minería, el naranja a favor de la intervención social en la lucha, y el violeta representando a las feministas.
Coordinados a través de Marea Ciudadana, que exige la realización de una auditoría a una deuda nacional que consideran ilegítima al no suponer un beneficio público sino un rescate a los bancos, la concentración contó con la participación de unas 270 organizaciones más. Estuvieron presente la asociación Democracia Real Ya, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, grupos ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción y partidos políticos como Izquierda Unida o Equo, entre otros. La protesta se produce en el contexto de una gran inconformidad ciudadana ante los casi 6 millones de parados que hay en España, los recortes a la educación y la sanidad pública, y la sonada corrupción que salpica de forma constante a la esfera política española.
Un manifestante porta una pancarta durantelas manifestaciones del pasado 23 de febrero.Entre los aspectos mencionados por los manifestantes destaca el juicio al ex-gerente y ex-tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, cuyo nombre ha llegado a ser trending topic en Twitter tras el descubrimiento de una cuenta oculta en Suiza que elevaría la fortuna del político a más de 38 millones de euros. A Bárcenas, en libertad provisional, se le ha retirado el pasaporte recientemente por riesgo de fuga.
De forma paralela, sobresalen también las referencias a las imputaciones del duque consorte de la Familia Real, Iñaki Urdangarín, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales en un largo juicio conocido como Caso Nóos, pero que forma parte de un entramado mucho mayor denominado Operación Babel.
Y cabría señalar, por último, la protesta contra la polémica medida de la Amnistía Fiscal por la que el gobierno español gravó con un 10% -en lugar del 50% que señala la ley- aquellas fortunas ocultas que no fueron declaradas en periodo voluntario de recaudación. Mientras que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defiende la medida por suponer una recaudación adicional que incrementa las arcas públicas de forma inmediata –se han recaudado casi 1.200 millones de euros, frente a los 2.500 millones de euros que preveía el gobierno-, la ciudadanía protesta por tratarse de una medida que provoca el derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos y una extinción de la responsabilidad penal en aquellas personas que, por el contrario, han evadido impuestos en los últimos años.
Las quejas que recogió el Defensor del Pueblo el pasado año 2012 también reflejan un aumento considerable del número de protestas ciudadanas, particularmente en los sectores relacionados con la crisis económica. Los mayores focos de queja se concentran en materia de Justicia y Sanidad, en cuyos ámbitos el número se duplicó y triplicó, respectivamente; así como en vivienda, cuyo sector ni siquiera contabilizaba quejas en periodos anteriores, y ahora sí. En relación con los desahucios, el Defensor del Pueblo ha reclamado que las ayudas a la banca se extiendan también a las familias hipotecadas que no puedan afrontar los pagos.
