La corrupción es un problema global. Es innegable que entre la opinión pública ha calado cierto pesimismo sobre la situación particular de España, alimentada fundamentalmente por las frecuentes noticias en las que cargos públicos de uno y otro color son imputados por malas prácticas. Desde una modificación sustancial del sistema punitivo a implantar o reforzar la llamada “cultura de castigo” tan característica de los países anglosajones y que sido tratada por el comunicador científico Eduardo Punset, son muchos los aspectos que se piden cambiar. Pero a corto plazo, aquel aspecto cuya modificación resultaría más sencilla pasa por un cambio significativo en el sistema de incentivos.
De acuerdo a un informe publicado el 3 de diciembre por la ONG Transparencia Internacional, en España la corrupción no pasa por ser una anomalía sistémica. Ésta está centrada en el ámbito político, y responde a un particular sistema de incentivos y desincentivos. La organización incide que es necesario erradicar prácticas que pasan por “el clientelismo político, la endogamia en la administración e incluso la politización en la selección de personal”. En particular, se propone como primer paso la necesidad de erradicar la libre designación de cargos, en especial para los altos puestos, haciendo que éstos respondan a criterios de mérito y capacidad. Los múltiples escándalos de corrupción política en los niveles superiores de los partidos y los gobiernos locales y autonómicos son responsables del deterioro a medio plazo, y se advierte que debe frenarse radicalmente la politización de la economía. Mayor transparencia en la administración local, premiando a aquellas instituciones que la implanten; eliminación inmediata del poder discrecional, y sobre todo, aumentar el gasto en justicia, son otras de las propuestas específicas citadas para España.
El índice de Percepción de la Corrupción analiza la apreciación que los ciudadanos y colectivos tienen respecto al funcionamiento de la administración pública en sus países. España está en el puesto 37, ascendiendo tres puestos respecto al año pasado. No hay sorpresas en los puestos altos de la tabla, puesto que Dinamarca lidera el índice, seguida de Nueva Zelanda, Finlandia y Suecia. El Reino Unido ocupa el puesto 14, que aventaja sensiblemente a Japón y Estados Unidos. Turquía, en el puesto 64, y China, en el puesto 100, son los países en los que más ha empeorado su situación. En el lado opuesto, Egipto o Costa de Marfil son los países en los que la mejora ha sido más marcada. Corea del Norte y Somalia, con tan sólo 8 puntos sobre un total de 100 son las naciones que cierran la clasificación.
El índice divide el impacto de la corrupción en diferentes sectores. En la mayoría de países, se considera que en el ámbito de los partidos políticos es donde de forma más acentuada está presente la corrupción. En Sudamérica y las exrepúblicas soviéticas la policía es el ámbito que más preocupa a sus ciudadanos. En África, el funcionamiento del sistema judicial es motivo de desconcierto. Y sorprendentemente, para muchos países anglosajones, tales como Australia, Nueva Zelanda o el mismo Reino Unido, el ámbito más corrupto es el que atañe a los medios de comunicación. No obstante, se incide en la necesidad de implantar medidas globales de lucha contra la corrupción en el ámbito educativo, puesto que a largo plazo es aquél que ha sufrido un mayor deterioro.
