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Instan al Gobierno británico a revisar los efectos de los recortes en servicios policiales

El Gobierno británico no es consciente del impacto que pueden acarrear los recortes en las fuerzas policiales de Reino Unido. Esa es la conclusión que National Audit Office (NAO) ha puesto encima de la mesa. El watchdog que se encarga de vigilar el gasto público gubernamental en el país británico ha puesto esta vez el foco en la financiación de la policía en Inglaterra y Gales. En su informe, publicado esta mañana, señalan que el ejecutivo torie desconoce si estos cuerpos policiales son financieramente sostenibles.

Señala asimismo que Theresa May, y en concreto el secretario de Interior británico, Sajid Davis, no están respondiendo como deberían a lo que necesitan las políticas de seguridad ciudadana en el país. Y que los recortes, que se han ido acrecentando año a año, están provocando que el número de efectivos en las comisarías de Reino Unido sea cada vez menor. En concreto, el informe refleja que desde 2010 y en comparación para lo que hay previsto hasta marzo de 2019, la inyección en este servicio público ha descendido en más de 3.000 millones de libras.

Inversión en servicios policiales desde 2010 hasta marzo de 2019, en millones de libras. Fuente: NAO

Consecuencia directa de los recortes en inversión y de su efecto negativo en el número de efectivos, es también la percepción de los ciudadanos para con la función de quien debe protegerlos. Por ejemplo, en 2016, un 29% de víctimas que necesitaron de la tarea policial afirmaron estar descontentos con la misma. En 2018, ese porcentaje ha aumentado en cuatro puntos hasta llegar al 33%. También comparando con 2016, ha incrementado el número de días para poder tramitar una ofensa. Si hace dos años ese trámite tardaba 18 días, este año hay que irse hasta las 22 jornadas.

Sin plan a largo plazo para la financiación de servicios policiales

Una de las conclusiones que National Audit Office ha sacado de su informe es que no hay establecido un plan, que funcione, a largo plazo. Asegura el watchdog que la administración central está lejos de entender las necesidades del servicio policial y sus costes. Lejos de distribuir la inversión pública de manera proporcional y proporcionada. También ha salido al paso de las informaciones Sadiq Khan, el alcalde de Londres. Este ha achacado -en no pocas ocasiones- el imparable incremento de la violencia en la capital británica a los recortes de los conservadores en políticas de seguridad civil.


En el documento se ha recordado que, ya en 2015, la Home Office, de la que es titular Sajid Davis, dirimió que la financión de los servicios policiales no era la adecuada. Por entonces se acordó que para el ejercicio 2020/2021 se iban a revisar los procedimientos y se iba a establecer una nueva hoja de ruta. Ello significa que, a pesar de la advertencia de hoy por parte de NAO, no habrá cambios hasta entonces.

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