Imagen general del hospital de Stafford, en el condado de Staffordshire. / Wikipedia.Las deficiencias en el hospital de Stafford entre los años 2005 y 2009 han puesto en jaque la sanidad pública británica. Se estima que, durante esos cuatro años, entre 800 y 1.200 pacientes fallecieron por culpa de una mala gestión del centro, y no por causas estrictamente médicas.
Aparentemente, y según han declarado las autoridades, no se puede culpar a nadie en concreto, ya que se trata de un cúmulo de distintas circunstancias que, en palabras del primer ministro británico, David Cameron, se podrían describir como «fracasos clínicos y de gestión».
El escándalo ha saltado a la prensa después de la publicación el pasado 5 de febrero de la investigación realizada por el abogado Robert Francis (www.midstaffspublicinquiry.com/report). En el informe se explica claramente no sólo cómo los pacientes fueron privados de alimentos, incluso de su higiene diaria, sino que se denuncia también un trato denigrante al paciente en general. A su vez, David Cameron describía situaciones en las que los enfermos estaban tan desesperados que llegaban a beber el agua sucia de los jarrones, mientras que el Secretario de Salud, Alan Johnson, se disculpaba en nombre del gobierno y del NHS (National Health Insurance) «por el dolor y la angustia causados por los terribles estándares de cuidados del Hospital de Stafford a tantos pacientes y sus familias».
¿Cómo es posible que un delito contra la salud pública, en el que han fallecido cientos de personas por culpa de una «mala gestión» de los profesionales que trabajaban en el hospital -y con la consiguiente falta de vigilancia por parte de las autoridades competentes-, quede impune y se resuelva con una simple disculpa de los políticos en el Parlamento?
Después de diez días desde la publicación del informe, la policía está considerando ordenar una causa y buscar culpables, con nombres y apellidos, de lo ocurrido en Stafford. Mientras que Francis cree que es posible, fuentes del NHS ven complicado que se pueda acusar a alguien de homicidio a estas alturas.
El letrado también apunta que la dirección del hospital estaba bajo la presión de obtener unos beneficios económicos determinados en detrimento del paciente, el cual, por el contrario, debería ser la prioridad del hospital, y advierte, por si fuera poco, que los hechos ocurridos en Stafford no son tan raros e improbables como para asumir con seguridad que no volverán a repetirse.
Desafortunadamente, Francis está en lo cierto. Emma Jones, la abogada que ha representado a 119 familias en el escándalo hospitalario de Stafford, está ya trabajando en casos similares, como el de un grupo de 18 familias que ha anunciado su intención de querellarse contra la dirección de dos hospitales públicos en los condados de Essex y East Sussex. Por otra parte, cinco hospitales ingleses con tasas de mortalidad muy elevadas están ya bajo el punto de mira del Gobierno de Cameron, y están siendo investigados dejando a la sanidad británica en entredicho.
En España, como todos sabemos, existen ya propuestas de privatizar hospitales. Centros que serán gestionados por empresas privadas y que prestarán un servicio público bajo la tutela del Estado. Cuando se consulta a los sanitarios españoles sobre esta nueva forma de gestión, se muestran claramente en contra, precisamente por las averiguaciones que ya señala la investigación detallada de lo sucedido en Stafford. Una gestión privada busca maximizar beneficios probablemente recortando en costes, lo que impactará directamente en los métodos de trabajo del personal de los centros y, por consiguiente, en el bienestar del paciente. Si bien es cierto que el sistema público sanitario español tiene deficiencias, no está tan claro que estas se puedan corregir con la privatización. Seamos, pues, inteligentes y aprendamos de los errores ajenos.
