El presidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero anunció el pasado 23 de agosto en el Congreso la reforma de la Constitución que introduce un límite al déficit público para las Comunidades Autónomas y la Administración Central, previamente consensuado con el PP, en un intento más de brindar estabilidad a los mercados financieros y, como no, bajo las «recomendaciones» de Alemania y Francia que son los que mandan en Europa.
Dicha reforma, que finalmente fue aprobada el 2 de septiembre con el apoyo único del PP, ha creado una convulsión política y social, por la forma en que se ha llevado a cabo y por lo que en sí misma supone.
Por una parte, la Constitución Española, la norma de las normas creada en 1978 y con la que culmina la transición democrática después de la dictadura franquista, se votó en referéndum y, como tal, solo puede ser modificada mediante referéndum, es decir, con una consulta pública al pueblo español que es el que tiene la soberanía del país.
La reforma propuesta por los socialistas en el mes de agosto no se ha sometido al sufragio popular sino que, por el contrario, pasó por una votación en el Congreso como medida anticrisis, dejando fuera de juego al resto de formaciones y de la ciudadanía. Las reacciones han sido muy diversas y de muy distinta índole. Sí que es verdad que no es la primera vez que se modifica la Constitución sin consulta pública, ya en 1992 se aprobó unánimemente en las Cortes que los ciudadanos de países de la Unión Europea residentes en España pudieran formar parte de las candidaturas electorales en los comicios municipales, tal como determinaba el Tratado de Maastricht, pero otra cosa bien distinta es la inclusión de una norma que pueda afectar al Estado de bienestar, a la educación, a la sanidad y, en definitiva, a los derechos fundamentales de las personas recogidos en la misma Constitución. Por eso, hay que ser muy cuidadosos a la hora de su redacción y, mucho más cautos, en su interpretación.
IU se mostraba tremendamente preocupado sobre cómo puede afectar la inclusión de este límite a la distribución de la riqueza del país, apuntaba que «la reforma expulsa a millones de españoles de la Constitución» y describía la propuesta como «un desvarío veraniego».
Pero no a todos los partidos del hemiciclo les preocupó el Estado de bienestar de los españoles y el saltarse los procedimientos que la misma Constitución contempla. Algunos aprovecharon la tormenta para pedir, como el PNV, que anunció que propondría dos enmiendas a la reforma que incluyeran «los territorios forales» y el derecho de autodeterminación para el pueblo vasco para que pueda decidir si éste quería una soberanía propia «o compartida con otros pueblos» y CiU también aclaró su postura, no cedería ante nada que limitara la capacidad financiera de Cataluña. La reforma habría de comportar alteración alguna del equilibrio de poder que la Constitución actual establece entre el Estado y las autonomías.
Por su parte, el portavoz del Gobierno, José Blanco, admitió en una entrevista a la cadena SER el pasado 1 de septiembre que al Gobierno «le hubiera gustado compartir con los ciudadanos esta decisión» y añadía: «Esta medida será eficaz si la resolvemos deprisa. Dado que estamos en una situación grave que exige respuestas rápidas, no vamos a transferir la responsabilidad que tenemos que asumir a los ciudadanos. Y ellos juzgaran la responsabilidad de quien ha tenido que asumir esta decisión».
En conclusión y dada la celeridad con que se realizó el proceso de acuerdos y aprobación de la reforma (tenía que estar cerrado antes de la disolución de las Cortes el 27 de septiembre), parece que los mercados son los que dictan la norma, nunca mejor dicho.
