El 17 de julio de 2019, en mitad del proceso de elecciones del líder del partido Conservador, un agitado Boris Johnson sorprendió al público cuando interrumpió su discurso al agacharse para sacar un arenque al atril. Mirando a un público atónito, que recibió con risas esta acción, el ahora primer ministro del Reino Unido, tan amante de gestos histriónicos, blandía el pescado ahumado empaquetado al vacío mientras vociferaba contra la Unión Europea para defender su postura ante el debate de la pesca.
Al parecer esta captura había sido enviada al diario conservador Daily Express por un marinero de la isla de Man, que lamentaba como era obligado por Bruselas a usar una cama de hielo para conservarla. Y a su vez el rotativo se lo hizo llegar al controvertido político. La queja giraba en torno al daño que provocaba al medio ambiente el uso de tal producto. Pero, sobre todo, por los costes económicos que acababan por encarecer su precio de forma muy acentuada.
Al margen de lo visual que pueda resultar este gesto y de las portadas que llegó a acaparar en los medios, al público en general le sorprende como en mitad de un proceso tan complicado como está siendo el Brexit, donde deben resolverse cuestiones de tanto peso como en qué modo se gestionarán los movimientos en la frontera en Irlanda del Norte, el pago de las contribuciones presupuestarias o los requisitos a aquellos que deseen inmigrar, ha logrado meterse una controversia tan aparentemente nimia como la de la pesca.
Un sector hoy irrelevante
Dada su condición de país insular, históricamente el Reino Unido ha sido una nación volcada al mar. El lema Britannia rule the waves es algo interiorizado en los sectores más conservadores y nacionalistas del país. A pesar de ello, y aún cuando en la actualidad la flota pesquera del país es de un tamaño relevante, su peso dentro del conjunto de la economía británica es casi simbólico. Tan sólo un 0,12%, algo que equivaldría, por ejemplo, al sector maderero. No obstante, este mismo fue usado de forma muy hábil por los partidarios de abandonar la UE durante la campaña del Brexit, convirtiéndolo en un símbolo de la insatisfacción con la organización comunitaria.
Para los más fervientes defensores de la salida de la UE, esto representaba recuperar el control de “su mar”. En 1983 se aprobó la política pesquera común, que otorgaba el derecho a cualquier barco de la entonces Comunidad Económica Europea a pescar en aguas comunitarias respetando un sistema de cuotas para evitar la sobreexplotación de caladeros, unas asignaciones que siempre han resultado conflictivas y generan descontento tanto en el sector pesquero como en los ecologistas. En zonas como el mar del norte, el canal de la mancha o el oeste Escocia, los barcos españoles, portugueses o daneses, entre otros, pescan hasta 7 veces más de lo que lo hace la flota británica en caladeros europeos.
Las cuestiones en torno a la pesca
Existen varios puntos de discordia en torno al sector pesquero. El primero, es que sin duda al eliminar la competencia de barcos de otros países aumentará la producción, pero habría que resolver donde se vendería todo ese producto. Pese a que el fish and chips pasa por ser uno de los platos emblemáticos de la cocina nacional, el Reino Unido no es un gran consumidor de pescado y casi un 75% de las capturas se exportan a países del bloque comunitario. Paradójicamente, aquellas pequeñas comunidades pesqueras que podrían salvarse al no tener que competir con grandes buques terminarían arruinándose si no pueden vender su producto a su principal mercado, o lo pueden hacer en condiciones que le restan competitividad por la imposición de trabas y aranceles.
Otro problema es logístico. Dada la casi irrelevancia de este sector, el Reino Unido carece de veterinarios y otros especialistas necesarios para procesar todos los permisos sanitarios que se requieren para poder exportar sus capturas. Además, ya existen problemas para encontrar mano de obra en labores de bajo valor añadido como la evisceración y el envasado del producto. Esto que deberá ir a más con la imposición de trabas a la inmigración que limitará la llegada de personal poco cualificado.
El problema social en relación a la pesca
Y el tercer problema es social. La Unión Europea está jugando sus bazas. Y ha dicho que, si los empleados de lacity londinense quieren seguir prestando sus servicios al mercado europeo, los pescadores de la UE deben de seguir teniendo acceso a los caladeros británicos, de modo que entran en colisión los servicios financieros, que logra emplear a más de 300.000 personas sólo en la capital británica y generar el 9% del PIB nacional. Con el sector pesquero, que supone poco más del 0.1% del peso de la economía. Una diferencia tan abismal nos lleva a pensar que por muy organizadas y combativas que sean las comunidades pesqueras, poco pueden hacer ante un sector de tanta relevancia.
El problema, por tanto, es más complejo de lo que inicialmente nos hace pensar su peso económico. Y no sólo tiene transcendencia en el plano puramente monetario. También político y jurídico. La cuestión implica actuar en varios frentes y gestionar intereses contrapuestos. En los que algún sector, por lógica, tendrá que salir desfavorecido.
En relación al famoso arenque blandido por Boris que debía ser empaquetado de forma tan particular para cumplir las exigencias de Bruselas la historia tuvo una réplica inesperada. La comisión europea contestó que este requisito no procedía de ellos. Es competencia de las autoridades británicas. Algo de lo que al parecer ni el pescador, ni el diario implicado y ni siquiera el propio Boris Johnson y sus asesores se percataron. Ironías del destino, ese simple pez ha acabado por ser la representación del tremendo caos burocrático. Y el embrollo político que es el Brexit.
