En los últimos años, desde que el ajuste en los presupuestos de la administración se ha hecho casi obligatorio, diferentes voces se han hecho eco de la situación cambiante que sufre la gestión de los espacios públicos urbanos en distintas ciudades del Reino Unido. Las denominadas zonas verdes, en concreto, son ese gran tesoro urbano que tanto aporta al bien común cuya situación está envuelta en una gran polémica.
El origen y la propiedad de los parques
En Reino Unido, la mayoría de las zonas verdes o parques públicos son propiedad de las autoridades locales en cuestión. El último recuento data de 2001 y contabiliza 27.000 parques en todo el país. El origen de muchos de estos lugares se remonta a la época victoriana, cuando la mayoría de estos espacios fueron cedidos por sus antiguos dueños (convertidos en benefactores) para el disfrute de la comunidad. Es el caso de muchos espacios de Londres, ciudad en la que, no obstante, sus parques emblemáticos como Hyde Park o Richmond Park, son propiedad de la corona y son gestionados por una agencia del gobierno, Royal Parks. Salvando lo excepcional de estos espacios tan visitados, los ayuntamientos locales son quienes pagan por el mantenimiento y gestión de los espacios.
La polémica surgida en torno a la gestión de los parques se centra en que, debido a los recortes presupuestarios, muchos ayuntamientos han preferido cumplir primero obligaciones civiles tales como educación o sanidad antes que destinar fondos a las zonas verdes. En este escenario, la polémica se ha avivado con la entrada del sector privado en la gestión de los parques, originariamente regidos por la supuesta neutralidad de la dirección pública.
La gestión de los parques como decisión ideológica
La problemática surge, en realidad, por una cuestión conceptual; desde la gestión pública y privada, se defienden diferentes ideas de qué debe ser un parque. La naturaleza del capital privado obliga a que la gerencia de las zonas verdes esté destinada a un beneficio para el inversor, lo que conduce a que las actividades en los parques tengan un uso comercial. Es el caso de Battersea Park, en Londres, que desde el pasado diciembre alberga un circuito multi-aventura instalado por la empresa Go Ape. Las instalaciones ocupan la mayor parte del parque y el precio medio por disfrutar del circuito es de 25£, lo que relega estos espacios solamente a quienes puedan y deseen pagar. El Ayuntamiento de Wandsworth, responsable de Battersea Park, quien firmó el acuerdo de gestión privada para Go Ape, afirma que son un barrio que prefiere «generar ingresos alquilando la copa de los árboles que hacer que la gente de pocos recursos pague mas tasas al Ayuntamiento». Sus intenciones han quedado claras: «si podemos tener al sector privado pagando por nuestros servicios principales, queremos explotar este tipo de oportunidades».
Battersea Park donará 1.000 entradas para su parque multi-aventura a colegios de la zona, pero sus buenas intenciones no parecen convencer a quienes entienden que las zonas verdes deben ser espacios libres de explotación, zonas para la reunión social, el deporte, la naturaleza y el silencio. Este sector aboga por reestructurar los presupuestos de forma que la inversión en zonas verdes se mantenga y se asegure; niegan, en numerosas ocasiones, la necesidad del recorte en estos presupuestos y señalan la conveniencia de recortar en otras áreas que no afecten a la ciudadanía. Una posible solución, al margen de estas demandas, fue propuesta por un portavoz de los 32 ayuntamientos de la capital británica, quien afirmaba que «una alternativa a la gestión privada podría ser la cesión de la propiedad de los espacios verdes a colectivos de voluntarios y compañías de interés comunitario». La Fundación Nacional para Lugares de Interés Histórico o Belleza Natural, más conocida como National Trust, ya anunció que estudiaba poder contribuir en la gestión de parques, pero hasta la fecha, son muchos más los ayuntamientos que han optado por contratos de gestión privada.
La problemática añadida al asunto es que no existe ninguna institución que represente a nivel nacional a los parques y zonas verdes, debido en parte a su naturaleza local. Precisamente por esta misma razón, tampoco es posible conocer el número exacto de parques que están siendo cedidos a la gestión del capital privado. Además, la diferencia de criterios entre administraciones locales a la hora de definir un parque como ‘zona verde’ dificulta el cálculo a nivel nacional. El ex-viceprimer ministro británico Nick Clegg ya aseguró que «las administraciones locales se reservan toda la información sobre sus parques», lo que resulta en una verdadera contienda entre el esfuerzo del gobierno por centralizar la acción sobre los parques y el interés de los ayuntamientos por mantener el control sobre los mismos, de cara, por ejemplo, a poder obtener un beneficio de su gestión.
Algunas acciones sobre el terreno
En Liverpool, las autoridades locales ya han anunciado un recorte del 50% en los presupuestos destinados a las zonas verdes; en Newcastle, el recorte asciende a más del 60%. La situación de las áreas verdes es, en realidad, una situación política. En un intento por conciliar ambas dos posiciones, la gestión pública y privada, la Heritage Lottery Fund invirtió 800 millones de libras en parques cuyos ayuntamientos ya no podían mantener, creando el Programa de innovación de parques. Como resultados, en algunos parques se implementó una política de austeridad, donde, por ejemplo, algunas zonas verdes se alquilarían por las autoridades locales para eventos puntuales, mítines, fiestas, etc. En Londres, en Hoxton Square, se construyó una oficina en medio del parque. En otros lugares se propuso el crowdfounding, la acción de voluntarios sobre los parques y el rediseño estructural para ser más eficientes.
Una oficina construida aldededor de un árbol en Hoxton Square, LondresPero en última instancia, la recaudación de fondos por parte de estos ayuntamientos locales no implica una automática mejora en la gestión de los espacios verdes. Es el diseño de un plan de gestión oportuno lo que marca la diferencia, y no está claro si aumentar los ingresos mediante este tipo de prácticas recaudatorias repercute directamente sobre la situación de los parques, pues los Ayuntamientos son quienes deciden cómo emplear ese dinero. Es por ello que la entrada de capital privado es vista a menudo como una necesidad entre el público y se apoya, argumentando que la gestión se torna más eficiente. A su vez, no obstante, esto implica, para muchos, sacrificar la virginidad de los parques.
