La catástrofe que se produjo ayer en la prisión de Comayagua, en Honduras, dejó a más de 350 reclusos atrapados por el fuego. El suceso levantó la atención sobre los problemas existentes en las cárceles de Latinoamérica.
Todo comenzó la noche del martes, cuando varios módulos de la Granja Penal de Comayagua empezaron a arder. En la tarde del miércoles se sabía que al menos 358 presos fallecieron. Algunos de ellos tienen que ser sometidos a técnicas especiales para su reconocimiento debido a su alto nivel de calcinamiento. Los bomberos trabajaron duramente para poder sacar a los reos de la trampa mortal, llegando incluso a utilizar equipos especiales para sacar cuerpos que quedaron atrapados entre los amasijos de metal retorcido. «Teníamos que sacar a la gente o apagar el incendio, pero como no podíamos sacarlos porque no había cómo abrir las rejas, empezamos a combatir las llamas», afirmaba uno de los bomberos.
La gobernadora de Comayagua, Paola Castro, afirma que se baraja la opción de que uno de los reos iniciase el incendio, al prender un colchón. Sin embargo, el comandante de los bomberos de Honduras, Jaime Omar Silva, declara que prefiere no adelantar teorías hasta que se concluyan todas las pesquisas.
No es la primera vez que se produce una catástrofe semejante. En el 2004, más de 100 presos murieron en una cárcel de San Pedro Sula en condiciones similares. En una investigación que se realizó a posteriori, se descubrió que los vigilantes y funcionarios de prisión no habían socorrido a los reclusos y los habían dejado encerrados. Así lo afirma el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Escobar quien asegura que «los presos tuvieron que tumbar las puertas, y, cuando lo lograron, más de la mitad ya se habían calcinado». Asimismo, añade que en estas cárceles no se deja salir a los presos, ni en situaciones de emergencia, para evitar que se fuguen.
De ahí que el año pasado la Comisión tomase la decisión de denunciar a Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de crear un protocolo de seguridad para evitar o afrontar estas situaciones. No hubo tiempo, sin embargo, a que se aprobase el 28 de febrero, para que otra catástrofe similar se produjera. «Nadie abrió los portones, nos cansamos de gritar, tuvimos que saltar nosotros», declaraba un preso. Y es que los supervivientes del incendio volvieron a sufrir la impotencia y el encierro que sus semejantes vivieron ocho años atrás.
