El Gobierno británico anuncia que quienes no tengan un nivel de idioma mínimo tendrán que ir a clases si no quieren ver reducidas sus prestaciones
El ministro británico del Tesoro, George Osborne, anunció ayer que el Gobierno solamente garantizará las ayudas sociales a los inmigrantes que hablen inglés. Quienes no sean capaces de hacerlo deberán ir a clases hasta obtener un nivel suficiente para evitar ver reducidas sus prestaciones. Con esta medida se pretenden evitar datos como los de las estadísticas oficiales, que revelan que alrededor de 100.000 parados residentes en Reino Unido tienen un inglés peor que el de un niño de 9 años de edad.
El Gobierno aportará 100 millones de libras para impartir estas clases de inglés, con las que se pretende que todos los desempleados obtengan un nivel 2 de idioma (Precisamente el nivel de un niño de 9 años). A la medida le acompañan otras, como que la prestación por desempleo solo se podrá cobrar una semana después de haber perdido el trabajo -y no tres días después, como se puede hacer actualmente- o que los desempleados tendrán que pasarse a firmar una vez cada semana en vez de una vez cada dos semanas por la oficina de búsqueda de empleo. Además, los padres solteros desempleados tendrán que volver al trabajo una vez que el menor de sus hijos cumpla tres años.
Con este tipo de normas los conservadores pretenden cumplir dos objetivos. El primero, naturalmente económico, es el de cumplir con el recorte pactado el pasado mes de marzo con el que pretenden reducir en 11.500 millones de libras (13.600 millones de euros) el gasto presupuestario. Casi la mitad de este recorte afectará al gasto en gestión de los departamentos ministeriales, mientras que la otra parte se traducirá en recortes del gasto público, como se pretende con estas medidas.
Otro de los objetivos podría ser el de contrarrestar las políticas del partido nacionalista UKIP, cuya campaña está siendo dirigida en contra de la población inmigrante, para atraer el voto de cierto sector de población que verdaderamente piensa que parte del problema económico viene de la comunidad extranjera en Reino Unido. Desde el Gobierno se ha dicho que los futuros gobernantes deberán prepararse para llevar a cabo mayores restricciones a los derechos de los extranjeros que quieran cobrar prestaciones. George Osborne, sin ir más lejos, consideró que Reino Unido está «atado» por la legislación europea para seguir haciendo ajustes, pero que se debe ir más lejos en este tipo de regulaciones.
