Néstor y Agustín, ex presos políticos cubanos, recibieron una ayuda para vivir un año en España, y no saben si podrán ser aceptados de manera definitiva por otros países como Reino Unido
El activista cubano Néstor Rodríguez Lovaina ha sido puesto en libertad en virtud del diálogo que la Iglesia Católica mantuvo con el Gobierno de Raúl Castro para excarcelar a 52 políticos, según datos emitidos por International Society for Human Rights (ISHR), con la condición de no volver a Cuba. Néstor ha querido compartir con El Ibérico sus vivencias a pocos meses de su llegada a España, en abril de este año, en un avión fletado por el Gobierno español con destino a Málaga.
«Cada vez somos más los ex presos políticos cubanos que somos exiliados en España y aquí respiramos la libertad que no habíamos percibido antes». Con estas palabras dio inicio la entrevista de Néstor, conocido como presidente y cofundador del Movimiento Juvenil Cubano por la Democracia y catalogado recientemente como prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Rodríguez Lobaina expresó su experiencia después de haber permanecido 10 años en prisión: «Estuve muchas veces en diferentes cárceles cubanas porque siempre me acusaban de crear desorden público por organizar huelgas con estudiantes en busca de la libertad académica y la recuperación de la autonomía universitaria».
En una ocasión, relata, «ingresamos en prisión y nos torturaron de una manera horrorosa. No es comparable con los campos de concentración en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero una de mis más crueles experiencias fue un golpe que recibí por los vigilantes de una de las tantas celdas; como consecuencia me fracturé los pómulos».
El activista cubano comentó que, como acto de protesta por las condiciones de internamiento que reinan en estos lugares, inició en 2010 una huelga de hambre. Su estado de salud llegó a ser crítico. Un año más tarde, en 2011, fue puesto en libertad.
Según los datos obtenidos por la International Society for Human Rights (ISHR), la Cruz Roja española junto con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM) han sido las organizaciones comprometidas en amparar a los excarcelados cubanos que ingresan a España junto a sus familias. Una de sus tareas importantes es alojar a los disidentes en diversos hoteles que sirven como alojamiento temporal en distintas ciudades de España.
Algunos disidentes se encuentran preocupados por esta situación ya que desconocen si el Gobierno español les otorgará en los próximos meses el estatus de la protección internacional asistida. Un derecho solicitado por la mayoría de ellos, según indicó Agustín Cervantes, miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) y hermano del actual preso político Jorge Cervantes García, quién se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 29 de mayo en el hospital provincial Saturnino Lora, en Santiago de Cuba.
«España fue quien nos abrió la puerta y estamos agradecidos con eso; la actual ayuda que recibimos será para un año y, por consiguiente, no podremos permanecer de forma definitiva en estos hoteles de alojamiento», añadió Cervantes García. «Tampoco sabemos si podemos ser trasladados a otros países que nos puedan aceptar de manera definitiva», destinos europeos como Reino Unido.
El preso político explicó que finalmente mientras purgaba una condena por defender los derechos humanos en Cuba, y después de haber protagonizado una huelga de hambre que lo llevó casi a la muerte, fue avisado para poder viajar a España si deseaba ser liberado.
La International Society for Human Rights (ISHR) dio a conocer que 37 políticos cubanos y sus familiares, incluyendo Rodríguez Lobaina y Cervantes García, fueron transladados a España el pasado 8 de abril. Con este grupo concluye el proceso de excarcelaciones dado a conocer en julio del año pasado por el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el Gobierno cubano en conjunto con el Arzobispado de La Habana. Esto permitirá a los ex presos cubanos tener permiso de residencia en España, volver a su país con autorización del régimen castrista y participar en actividades políticas. Hasta este momento ninguno de los disidentes posee una visa de trabajo y sólo reciben 500 euros al mes por familia para cubrir gastos de alimentos y vestimenta. Sin embargo, podrán trabajar en España más adelante y se les ofrecerá formación y asesoramiento.
