La convocatoria de elecciones para nombrar a los nuevos dirigentes de la Sociedad General de Autores y Editores supone una luz a final del túnel tras el escándalo de corrupción que ha salpicado a la entidad de gestión de derechos de autor y propiedad intelectual. El manifiesto firmado por 300 de sus miembros con la voluntad de mejorar el sistema de voto y de gobierno permite ser optimista con respecto al camino que la SGAE va a encauzar en un futuro próximo. Los socios son conscientes tanto de la impopularidad de sus mecanismos de recaudación entre los españoles como de la impunidad con la que Teddy Bautista, José Luis Rodríguez Neri y los demás imputados en la trama desfalcaron miles de euros de las arcas de la entidad a empresas satélite como Microgénesis y Portal Latino. Esta iniciativa parece indicar que la corrupción se adscribía a un cierto grupo dentro de la SGAE.
Cuando, en 2007, el músico Luis Cobo expuso sus sospechas de irregularidades a los miembros, fue condenado al ostracismo. Ahora, después de que la Guardia Civil se personara en el Palacio de Longoria (sede de la SGAE en Madrid) para detener a los sospechosos, aquellas denuncias tomaron su razón de ser. Desde el punto de vista del consumidor de las obras de arte cuyos derechos gestiona la SGAE, también hay motivo para la esperanza: la de que ésta se recicle para adaptar sus formas a los tiempos digitales que corren. La recaudación ya no puede centrarse en los soportes físicos, ya obsoletos, sino que debe hacer hincapié en los formatos digitales y desarrollar un método acorde con estos; así como potenciar los conciertos en directo y otras formas de lucimiento para los artistas que compensen los estragos de la piratería. Al mismo tiempo, los consumidores deberán aprender a respetar los derechos de autor y de propiedad intelectual, cuya protección es de todo punto imperativa. Si las dos partes implicadas en el asunto hacen sus deberes, se avecinan buenos tiempos para la lírica.