El cibercrimen es un problema acuciante en el mundo de las nuevas tecnologías. El número de delitos relacionados con Internet no para de incrementarse, la mayoría protagonizados por estafadores. Los últimos casos fueron los relativos a la protección de datos. Las empresas que recientemente se han visto más afectadas en Reino Unido por robo de datos de sus clientes han sido Uber y Ticketmaster. Sin olvidar el caso de Cambridge Analytica.
Desde la Unión Europea se ha reforzado la política de prevención cambiando la regulación de la protección de datos. A partir del 25 de mayo de 2018, con la entrada en vigor del Reglamento general de protección de datos, se estableció un régimen jurídico único para todas las empresas que operan en la UE.
Sin embargo, la protección de datos no es el único problema presente en la red. Cada vez son más las cuentas falsas o «catfish» en plataformas web y redes sociales. La suplantación de identidad en Internet también se considera un delito. El objetivo de estos estafadores suele pasar por crear relaciones sentimentales con otras personas normalmente con vistas a la obtención de algún beneficio económico.
Matthew Hancock, Ex-Secretario de Estado para la Cultura, Medios de Comunicación y Deporte impulsó una propuesta de ley para acabar con este tipo de prácticas. El actual Secretario de Estado de Sanidad aseguró que con la nueva ley, Reino Unido se convertiría en el país más ciberseguro del mundo. El Departamento de Cultura, Medios y Deportes (DCMS), con la colaboración de Wayra UK y GCHQ, la Agencia de Ciberseguridad e Inteligencia de Señales de Reino Unido, están llevando a cabo un plan de desarrollo de nuevas tecnologías dirigidas a la protección en la red.
La falta de regulación de los estafadores en Internet
Actualmente, la regulación acerca de este tipo de delitos no es esclarecedora. El problema principal es que legislar esta materia restringiría ciertos derechos fundamentales, como la libertad de expresión. Por este motivo existen las lagunas legales en la mayoría de ordenamientos.
Crear una identidad falsa y darle actividad es una práctica muy común. Sin embargo, no siempre tiene fines contrarios a la ley. En muchos casos los usuarios crean este tipo de cuentas para difundir información sin desvelar fuentes o identidades. Restringir el uso de la red vulneraría el derecho a la libertad de información.
La posibilidad de crear un perfil en la red entra del principio de libertad de cualquier Estado democrático. Una legislación restrictiva con la creación de identidades atentaría contra la libertad de expresión. Las redes sociales especialmente son plataformas en las que los jóvenes expresan y experimentan nuevas identidades. Limitar este espacio de socialización sería un hecho que difícilmente podría encajar con los derechos y libertades sustanciales de cualquier Estado de Derecho.
La solución pasa por el uso de fondos para campañas de concienciación. Coartar la libertad de los estafadores en Internet preservando, al mismo tiempo, la de los ciudadanos es una tarea difícil. Por eso, se intenta educar a los internautas para aprender a detectar este tipo de conductas y evitar ser víctima de ellas.
