El primer ministro Cameron anunció hace una semana la reforma que afecta a los subsidios que algunos inmigrantes reciben a su llegada a Reino Unido. Se acabó lo que se daba. El pasado 25 de marzo el primer ministro británico, David Cameron, anunciaba nuevos recortes en relación a los subsidios que reciben los inmigrantes que llegan a Reino Unido, tan solo días después de hacer público los presupuestos del Estado para 2013. Las medidas anti-inmigración confirmaban, una vez más, los esfuerzos del Gobierno por reducir el número de inmigrantes que entran en el país, mientras que en los presupuestos, anunciados a bombo y platillo, se destacaban las iniciativas más populistas, como la bajada de impuestos para las rentas medias, las ayudas a la compra de la primera vivienda y el recorte de las cargas fiscales al empleo. Hace tiempo que algunos sectores acusan al jefe del ejecutivo de emplear un discurso contra los inmigrantes nacionalista, xenófobo y muy cercano al partido ultraconservador UKIP (UK Independence Party). Sin embargo, es cierto que el sistema británico ha mantenido durante años ayudas sociales a inmigrantes, provenientes tanto de la Unión Europea (UE) como fuera de ella, por el simple hecho de residir en el país. Ayudas sociales que no solo incluyen sanidad gratuita, sino vivienda gratuita y ayuda al desempleo. Estos «benefits», como se conocen a las prestaciones en Reino Unido, han creado un efecto llamada que nadie quiere en tiempos de crisis porque los recursos son limitados y no hay pastel para todos.
El ministro británico de Trabajo y Pensiones, Iain Duncan Smith, comparecía el pasado 5 de marzo en el Parlamento para explicar las medidas en las que está trabajando el Gobierno de coalición. Smith aseguraba que algunas personas «quieren venir aquí únicamente a reclamar beneficios», y añadía que se está tratando de evitar que haya personas que se queden por poco tiempo en el país y reclamen subsidios.
Por su parte, el vice-primer ministro y líder del partido liberal, Nick Clegg, durante una charla en el centro de estudios Centre Forum proponía el pago de una fianza de 1.000 libras por parte de las personas que llegan al país con un visado temporal, fianza que les sería devuelta una vez abandonasen Reino Unido, a la vez que sugería doblar la multa a los empleadores que contraten a un trabajador en situación ilegal, actualmente en 10.000 libras.
Si bien es cierto que el concepto social de redistribución de la riqueza, cuando la hay, es uno de los pilares del estado de bienestar y uno de los éxitos de las democracias modernas, en la opinión de muchos no es justo que «los de fuera» sigan disfrutando de ciertos privilegios mientras que «los de dentro» se aprietan el cinturón.
No parece justo, por ejemplo, que un trabajador mayor de 25 años que ha pagado mensualmente sus impuestos y sus contribuciones a la Seguridad Social en Reino Unido una vez que es despedido por su empleador cobre las mismas 71 libras semanales en concepto de prestación de desempleo que un extranjero de la misma edad que acaba de llegar al país y que no ha contribuido nunca a la riqueza del territorio. Lo mismo sucede con la prestación de baja por maternidad: ¿por qué la ayuda a las madres que deciden quedarse en casa con sus hijos los primeros meses de vida del bebé es de un 90 por ciento del sueldo de la madre durante las primeras 6 semanas y de un máximo de 135 libras a la semana a partir de entonces, mientras que inmigrantes que no han trabajado nunca en Reino Unido tienen derecho a una paga semanal por hijo tan pronto como demuestren su residencia en el país? De alguna manera, con estos ejemplos, se entienden las palabras del ministro de Finanzas, George Osborne, cuando aseguraba que este presupuesto era «para aquellos que aspiran a trabajar duro», y aseguraba que las nuevas medidas tendrían como consecuencia un sistema de prestaciones «más justo».
En cuanto al acceso a la sanidad pública, Cameron señaló al respecto que «cuando la gente viene aquí de forma legítima, es correcto que puedan emplearlo, pero debemos ser claros en que tenemos un servicio de salud nacional gratuito, no tenemos un servicio internacional gratuito».
Sin embargo, cualquier nueva restricción que afecte a los ciudadanos provenientes de la UE se estudiará con lupa ya que, según la BBC, en aplicación de la normativa europea, cualquier límite al acceso a los subsidios de ciudadanos de países de la UE tendrá que aplicarse también a ciertos colectivos británicos, lo que sería enormemente impopular a pesar de que Reino Unido tiene un grave problema añadido con ciudadanos británicos que viven de los «benefits» indefinidamente, sin intención alguna de aportar ingresos al sistema.
Lo cierto es que el Gobierno de Cameron tiene una dura tarea por delante. No solo tiene que atajar el efecto llamada de inmigrantes con la reducción de las prestaciones que se ofrecen a este colectivo y controlar de manera efectiva el número de ciudadanos que se quedan en la isla de forma ilegal, sino que ha de implantar un sistema donde el incentivo principal para todos sea trabajar y disfrutar de esas prestaciones sociales cuando esto sea estrictamente necesario y circunstancial.
