El Congreso da el visto bueno con los votos del PSOE y del PP. Los partidos nacionalistas han abandonado el hemiciclo como signo de protesta
La enmienda ha contado con 316 votos a favor, y 5 en contra. La modificación de la Carta Magna tiene como principal objetivo buscar la estabilidad financiara de las arcas públicas reflejando en el texto constitucional el límite de déficit del Estado.
La votación de esta mañana era decisiva para llevar a cabo la primera reforma constitucional de calado, que ha contado con el respaldo de los populares y de los socialistas. La otra cara de la moneda es la que han mostrado los partidos nacionalistas representados en las Cortes, los miembros de BNG, ICV, ERC y de Nafarroa Bai han abandonado sus escaños antes de la votación como gesto de rechazo, mientras los diputados del PNV y CiU, han permanecido en el hemiciclo pero se han abstenido de votar. Izquierda Unida también ha rechazado la enmienda.
La mañana ha estado interesante en la cámara baja del Palacio de los Diputados donde el PSOE y el PP han intentado hasta el último minuto conseguir el respaldo de los de Durán Lleida (CiU), al cual han intentado convencer a través de enmiendas transaccionales, como por ejemplo la «autorización para superar el límite de déficit en casos excepcionales». Pero finalmente los catalanes no han dado su brazo a torcer, ya que según recoge el periódico español El País, la formación catalana se opone a la reforma porque «perjudica la capacidad financiera de Cataluña al limitar su capacidad de fijar su propio déficit, y porque les excluye del consenso constituyente, en cuyos inicios sí estuvo, cuando se redactó la Constitución».
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que ninguna de las comunidades «podrán fijar límites de déficit y estructural por encima del techo del 0,4% que se fijará por ley orgánica, tal y como pretendía CiU», según publica El País.
Además, Sáenz de Santamaría ha defendido que «la reforma constitucional es imprescindible y con ella damos una oportunidad a España», y ha señalado que es necesaria «para la recuperación económica», ya que reflejará en el texto constitucional «un pacto para los ciudadanos, una garantía de solidaridad y asegura la sostenibilidad de las políticas sociales». Estas declaraciones las ha formulado esta mañana y han sido reflejadas en la página web del Partido Popular.
El ministro portavoz del Gobierno, José Blanco, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «el Gobierno considera que la reforma constitucional supone una garantía para los ciudadanos y para los inversores».
Otra opinión bien diferente es la que se defiende desde Izquierda Unida, Gaspar Llamazares ha tildado la reforma como un «golpe a la Constitución y secuestro de la voluntad popular» y ha criticado que no se haya tenido en cuenta a su partido en esta decisión, manifestando que se ha «ninguneado» al Partido Comunista de España del que forma parte.
Una vez aprobada la ‘Proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución Española’ por parte del Congreso, esta es remitida al Senado, al haber contado con el respaldo de la mayoría de tres quintos de la cámara.
