La veintena de empleados públicos que conforman el colectivo PLEX (contratados laborales de la Administración General del Estado español que prestan servicio en la Embajada de España en Irlanda, así como de la Oficina Comercial, Oficina de Turismo e Instituto Cervantes) en Irlanda denuncian que sus condiciones laborales se han vuelto insostenibles y se unen a las reivindicaciones iniciadas recientemente por el colectivo homólogo de Reino Unido, Países Bajos y Alemania, entre otros, para reclamar una mejora inmediata de su deteriorada situación.
Esto es así porque la administración española incumple desde 2009 el acuerdo de 1990 entre sindicatos-administración por el que el salario del personal laboral exterior estaba sujeto a una revisión salarial anual en función de las subidas del IPC local y las fluctuaciones de la moneda del país. El pasado 27 de mayo el Tribunal Superior de Justicia ratificó la sentencia que daba la razón al colectivo, que está en pie de guerra contra la administración pública para que la sentencia se cumpla.
Además de participar en la iniciativa global “Lunes negros en el servicio exterior” impulsada por los sindicatos, el colectivo PLEX Irlanda se movilizó el pasado 10 de junio a las 16:00 en las puertas de la Embajada de España en Dublín para manifestar el especial deterioro de su situación por el enorme encarecimiento del coste de la vida en este país.
Sueldo congelado desde 2009
Con el sueldo congelado desde 2009 con la única excepción de una mínima subida del 1,1% en 2019, el colectivo denuncia que lleva 13 años sufriendo una merma de sus condiciones laborales y salariales. En este tiempo de congelación, Irlanda ha sufrido un incremento del IPC del 13,1%. Además, Dublín se ha convertido en una de las ciudades más caras del mundo para vivir, debido en gran medida a la crisis de la vivienda. El precio medio de un alquiler en Dublín se ha duplicado desde 2011, siendo hoy en día de 2.065 €/mes.
Como detalla el PLEX Irlanda en el comunicado publicado en su cuenta de Twitter @PLEX_Irlanda, la congelación salarial y la pérdida de poder adquisitivo no es todo, hay otros agravantes a su situación laboral. Al estar contratados por un organismo con estatus diplomático, quedan excluidos de las ayudas que concede el Gobierno irlandés. En Irlanda no existe la sanidad pública universal y hay carencia de servicios públicos de calidad.
En su lista de reivindicaciones se incluyen también una actualización de las categorías laborales, el establecimiento de una revisión anual de los salarios en función de la subida del IPC en Irlanda, compensaciones para el pago de un seguro médico a los trabajadores que no tienen acceso a la tarjeta médica sanitaria irlandesa y compensaciones por no poder percibir las ayudas nacionales para el transporte público.
