Su perdón no conlleva «el olvido». El presidente de Ecuador, Rafael Correa, así lo aclaró durante la escenificación de su indulgencia al diario El Universo, a tres de sus directivos y al periodista Emilio Palacio, condenados por un delito de injurias vertidas en su contra en un artículo de opinión publicado el 6 de febrero de 2011.
No a las mentiras, era el nombre de la columna firmada por Palacio, quién desde el exilio celebra la retracción del presidente que llega por la presión internacional. Los jueces dieron la razón a Correa quien ya hace un año presentó una denuncia, como ciudadano particular, a este diario de Guayaquil donde en la columna firmada por Palacio se tildaba al mandatario de «dictador» y se le acusaba de «haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente», durante una sublevación policial en septiembre de 2010. Correa consideró estas afirmaciones lesivas para su honor por lo que llevó el asunto a los tribunales.
La amenaza de instalar la autocensura en el mundo de la información queda patente con la sentencia, como una advertencia a los medios de comunicación ecuatorianos. Parece que cualquier crítica al Gobierno puede acarrearles represalias de tal envergadura, incluso el cierre del órgano informativo. Un «amedrentamiento» que cómo dice el Premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa «obliga a los periodistas e informadores a convertirse en censores de sí mismos». Este método, según explica el escritor, es llevado a cabo por «todos los dictadores modernos. El ejemplo más conspicuo en America Latina, después del caso obvio de Cuba, es el del comandante Hugo Chávez en Venezuela, seguido por su aventajada discípula argentina, la señora Cristina Kirchner». Desde su columna de opinión La Cuarta Página (El País) y titulada para la ocasión como El honor del mandatario, Vargas Llosa asegura que «la desaparición de un periodismo libre y su reemplazo por unos medios neutralizados e incapaces de ejercer la crítica es el sueño, de las seudo democracias demagógicas».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la petición de recurso de los abogados del periódico y pidió al Gobierno ecuatoriano de forma cautelar la suspensión inmediata de la sentencia que condena al diario a pagar 40 millones de dólares (30,7 millones de euros) de indemnización al presidente y tres años de cárcel para sus principales directivos y su ex director de opinión, Emilio Palacio.
Para «garantizar el derecho a la libertad de expresión», la Comisión intervino y tomó «medidas cautelares» tras la denuncia por injurias por parte del presidente Correa al diario El Universo, que ha hecho tambalear los cimientos de la democracia. Este paso atrás del presidente no asegura llegar al fondo de la cuestión ya que el próximo 28 de marzo la Organización de los Estados Americanos ha convocado a los directivos de El Universo y el presidente Correa a una audiencia donde contrastar argumentos y tomar una decisión.
Dos bandos
«No nos callan y no nos callarán» o «Noventa años mas», fueron los lemas que clamaba parte del equipo de redacción -unas 120 personas- de El Universo reunidos frente a la Corte Nacional de Justicia (Supremo) de Ecuador, en un acto de protesta a favor de las libertades, después de que se ratificara la sentencia. Mientras, los sostenedores del Gobierno de Correa celebraban el fallo del Tribunal quemando en la calle ejemplares del diario incriminado, creciéndose en razones cuando Correa aseguró que con el fallo de la Corte se han logrado tres objetivos: «Demostrar que El Universo mintió, que se puede juzgar no a los payasitos sino a los dueños del circo, y que los ciudadanos pueden reaccionar frente a los abusos de la prensa».
Una carta firmada por más de cien periodistas del mundo, se unieron a los reparos presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF), la Unión Mundial de Periódicos (WAN-IFRA) e incontables organismos de defensa de los Derechos Humanos, así como organizaciones de periódicos y periodistas, que presentaron su rechazo a la prisión y multa dictada contra El Universo y sus directivos.
Esos organismos también se manifestaron en contra de la millonaria multa impuesta a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita –de un millón de dólares cada uno- como indemnización al presidente Correa, quien los demandó por supuesto daño moral. Calderón y Zurita, publicaron el libro El Gran Hermano, en el cual revelan millonarios contratos presuntamente suscritos por el Estado en beneficio de empresas del hermano del mandatario.
El desprestigio internacional y la impopularidad de Correa, ante una operación legal contra los pilares democráticos, la libertad de expresión y el derecho a la crítica, contradice a la imagen que tenía el presidente cuando comenzó a figurar en la vida pública de su país en 2005. Como dice Vargas Llosa, «mareado por el poder y la obsesión continuista, peón de brea de los delirios socialistas y bolivarianos del comandante Chávez…. Correa ha empobrecido y desquiciado a la sociedad ecuatoriana».
