José Luis Rodriguez Zapatero. Fuente: www.psoe.esEl pasado 12 de mayo el presidente del Gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, presentó en el Congreso de los Diputados el paquete de medidas económicas para capear el temporal del déficit y la inestabilidad financiera. Con Europa y el Fondo Monetario Internacional de su lado, el presidente del Ejecutivo explicó, entre un total de nueve medidas, cómo los sueldos de los funcionarios se reducirían un 5 por ciento de media en 2010, algunos pensionistas verían congeladas sus retribuciones en 2011 y que, a partir del 1 de enero de 2011, dejaría de existir la ayuda de 2.500 euros por nacimiento de hijo.
Los recortes, que se traducen en un ahorro adicional de 5.000 millones de euros en 2010 y 10.000 millones en 2011, suponen un duro revés a la política social que ha venido impartiendo el partido socialista en los últimos años. Zapatero insistió en que «no es fácil para el Gobierno aprobar las nuevas medidas» y señaló que no iba a ser fácil aún estando convencido de la necesidad de estas medidas. «Son imprescindibles, lo diré una vez más, para alcanzar en este momento la comprometida reducción del déficit, para reforzar la confianza en la economía española y para contribuir a la estabilidad financiera de la zona euro». Y añadía: «Las circunstancias nos han obligado a tomar estas medidas». Además, Rodríguez Zapatero tampoco descarta el incremento de impuestos para el año 2011.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, denunció una “quiebra del discurso” de Zapatero y apuntaba “un cambio de escenario en las relaciones con las organizaciones sindicales”.
Las distintas reacciones Las reacciones a la decisión de Zapatero de recortar el gasto social, que también toca uno de los fuertes de sus legislaturas como es la Ley de Dependencia, no se han hecho esperar. Mientras Bruselas y expertos del FMI alababan la valentía y adecuación de las medidas, los sindicatos declaraban que el diálogo social se había roto y la oposición le criticaba por haber reaccionado tarde. El presidente del PP, Mariano Rajoy, le reprochaba estar gobernando bajo la batuta de Europa y EEUU: «Tendrá que hacer lo que no ha querido hacer: gobernar, pero tutelado en un país bajo protectorado». Y le recordaba más tarde que con el recorte de los derechos sociales, contradecía lo que había venía defendiendo durante sus dos legislaturas. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, denunció una «quiebra del discurso» de Zapatero y apuntaba «un cambio de escenario en las relaciones con las organizaciones sindicales». Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, dejaba entrever una posible huelga general con sus declaraciones: «La ciudadanía tiene que expresar la máxima sanción social a estas medidas de recorte». Mientras, Joan Ridao de ERC apuntaba que se había acabado el Zetapé social.
Indicadores económicos y estabilidad financiera
Este anuncio de medidas estuvo precedido por la reunión de urgencia de los ministros de Economía de la Unión Europea, el ECOFIN, el domingo 9 de mayo. En ella, la ministra de Economía, Elena Salgado, ya se comprometió a establecer los recortes necesarios para reducir el déficit en medio punto adicional en 2010 y hasta un punto más sobre lo previsto para 2011 marcándose como objetivos un 9,3 y un 6,5 respectivamente. En cuanto a la deuda pública española, esta ascendió a 53,2 por ciento del PBI en 2009 y se prevé que alcance el 65,9 del PIB al final de 2010 según el último comunicado oficial que España envió a la UE el 31 de marzo de este año. Sin embargo, no solo la economía española está en entredicho. Si se toma como referencia los criterios del plan de estabilidad establecidos por la Unión Europea en cuanto a déficit y deuda pública con el fin de mantener un equilibrio entre los países miembros y dotar de estabilidad al euro, los datos que arroja la contabilidad de los socios europeos dejan mucho que desear. La deuda pública, según estos criterios, no ha de superar el 60 por ciento del PIB y la agencia calificadora Standar & Poors estimaba que la deuda de Reino Unido podría alcanzar el 77 por ciento del PIB a finales de 2010. Por su parte, países como Portugal y Grecia situaban su deuda pública en un 76,8 por ciento y un 115,1 respectivamente a finales de 2009. Esta última sólo superada por Italia, que alcanzó el 116. Mientras tanto, la deuda de Francia y Alemania, la locomotora de la máquina europea, terminará el año superando el 80 por ciento del PIB según previsiones del Fondo Monetario Internacional. En cuanto al déficit, la UE establece el límite en un 3 por ciento del PIB, criterio que todos los europeos superan con creces salvo Estonia y Suecia.
La respuesta de la bolsa
El Ejecutivo, además, pretendía con estas medidas insuflar al parqué bursátil la confianza necesaria para evitar un desplome del IBEX 35 como el que vivió la Bolsa de Madrid el pasado 27 de abril y, así, sosegar los rumores divulgados desde distintas instituciones y medios de comunicación de que España podría seguir los pasos de Grecia y verse al borde de la bancarrota. El índice de los 35 valores más estables de la bolsa madrileña registró una subida histórica del 14.43 por ciento el 10 de mayo después de la reunión de ministros de Economía europeos y la decisión imprevista del BCE de comprar bonos de los países mientras que respondía de forma positiva tras el anuncio de los recortes sociales por los socialistas. Mientras tanto, la vicepresidenta primera, Maria Teresa Fernández de la Vega, insistía en una rueda de prensa una vez más en que «España no va a consentir que se juegue con su prestigio, ni se ponga en riesgo su sistema financiero utilizando malas artes y conductas punibles». En definitiva, con estas «duras medidas, sacrificios y esfuerzo importante» según Zapatero, el gobierno socialista ha sacrificado parte de lo que ha venido construyendo en estos últimos años con el objeto de ajustarse a los criterios de estabilidad de la UE y otorgar credibilidad a los mercados financieros sin comprometer el crecimiento económico.
Medidas del Gobierno
- Reducir las retribuciones de personal del sector público en un 5 por 100 de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Los miembros del Gobierno y los demás altos cargos tendrán una reducción superior al último tramo de la escala que se establezca para los empleados públicos.
- Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas.
- Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007.
- Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011.
- Reducir los gastos en farmacia mediante una revisión del precio de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia y mediante la adecuación del número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, así como la dispensación de medicamentos en unidosis.
- Suprimir, para los nuevos solicitantes, la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud, estableciéndose, paralelamente, un plazo máximo de resolución de seis meses, cuyo incumplimiento llevará aparejada retroactividad desde esa fecha.
- Se dispone, asimismo, una reducción entre 2010 y 2011 de seiscientos millones de euros en la Ayuda Oficial al Desarrollo.
- Se prev una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal.
- Se prevé un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
Fuente: www.la-moncloa.es
