El turismo sanitario le cuesta a España casi mil millones al año. Así lo aseguraba la ministra de Sanidad, Ana Mato, tras la publicación en el BOE el pasado 24 de abril del último Real Decreto Ley por el que, entre otros asuntos, se regula quién tiene derecho a recibir tratamiento médico en España y bajo qué circunstancias.
En principio, los ciudadanos europeos que deseen recibir atención médica fuera de un servicio de urgencias deberán haber estado empadronados más de tres meses en algún municipio español para tener acceso a los servicios de salud pública, aportando la documentación fehaciente correspondiente.
Esta medida aparece tras la publicación de un informe del Tribunal de Cuentas sobre el abuso deliberado del sistema español por parte de personas no españolas. España sólo emite facturas por un total de 103.672 pensionistas a sus países de origen mientras que, según el Instituto Nacional de Estadística, el número de pensionistas extranjeros empadronados en España alcanza los 231.364, lo que arroja una diferencia de 127.692 personas por las que España no percibe ninguna cuota.
En el caso de la Comunidad Valenciana, la atención de los casi 400.000 extranjeros que acuden a la sanidad pública supone un gasto de 320 millones de euros anuales. La mayoría de ellos con una edad que superan los 65 años, que requieren fármacos de forma regular y visitan con cierta frecuencia los servicios de las especialidades de vascular, cardiología y cirugía.
Pero lo cierto es que muchas de estas personas procedentes de países del norte de Europa, presumiblemente más «ricos» que España, residen en España gran parte del año por lo que, hasta ahora, no les ha resultado difícil obtener el padrón y por lo tanto, su derecho a ser atendidos por el personal sanitario como un ciudadano más.
Mientras tanto, según la página web Aquí Europa, diario digital de información práctica de la Unión Europea en español, fuentes comunitarias aseguran que se ha establecido un dialogo con el gobierno español para conocer el alcance de las medidas y observar si la reforma se ajusta al derecho de la UE. «No sospechamos de España, solo queremos dialogar con Madrid», han aclarado dichas fuentes.
¿Quiénes son entonces los perjudicados por la ley y a los que pocos defenderán? El Tribunal de Cuentas también hace hincapié en su informe sobre el «elevado coste económico» que supone la asistencia sanitaria a extranjeros con escasos recursos económicos. Prestaciones que, según el Tribunal, ascendieron a 451 millones solo en 2009.
Por lo tanto, los extranjeros «no registrados, ni autorizados como residentes en España», es decir, los extranjeros que residen de forma irregular en España, solo recibirán ayuda de urgencias, parto y postparto y asistencia en el embarazo. Con ello, el Gobierno prevé un ahorro de 500 millones.
Otra laguna del sistema son los tratamientos que la Seguridad Social española no cubre pero sí que lo hacen otros países europeos. España recibió 3.148 facturas por tratamientos odontológicos recibidos por españoles en Alemania, Francia y Bélgica en 2009, países donde estas prestaciones están cubiertas por sus sistemas nacionales de salud.
Y otra de las muchas caras de la moneda son los españoles que residen en el extranjero. ¿Pierden estos su derecho a ser atendidos en su país de origen?
Estas medidas incorporadas por el gobierno de Mariano Rajoy son parte de un suma y sigue para demostrar a Bruselas su compromiso con el ahorro y contra el déficit. No solo se restringe quién tiene acceso a la atención médica, también se establece el copago de medicamentos, de costosos tratamientos de larga duración para enfermedades crónicas como diálisis o material ortopédico como sillas de ruedas, por ejemplo. Copago de un tratamiento que, aunque dependerá de la renta del paciente, se convertirá en inasequible para muchos.
El viernes pasado de Guindos, ministro de Economía, anunciaba una subida del IVA en 2013, actualmente del 18%, y que pagarán los consumidores finales. Más gasto para los ciudadanos y menos poder adquisitivo.
Y tal y como anunciaba el pasado domingo el presidente del Gobierno Mariano Rajoy en respuesta a las manifestaciones que tuvieron lugar en 55 ciudades españolas en contra de los recortes, el baile de números no ha hecho más que empezar: «Tenemos que continuar porque España no puede vivir sin crédito y por eso cada viernes continuaremos con las reformas».
Mientras tanto y aunque parezca mentira, la esperanza de los españoles y de sus políticos está en Francia y el resultado de las elecciones del próximo 6 de mayo. La posibilidad de un Gobierno socialista de Francois Hollande abre la puerta a una alianza para plantar cara a la dictadura de Alemania.
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