El pasado 7 de diciembre vencía el plazo en Argentina para que los distintos medios de comunicación presentaran sus propuestas de desinversión al gobierno. De esta forma, el partido de Cristina Fernández de Kirchner pretendía evitar la concentración de la información en manos de unos pocos, poniendo así límite a las licencias audiovisuales de algunos medios que tendrán que deshacerse de parte de sus canales y estaciones de radio para cumplir la norma. En Argentina hay 21 grupos de comunicación, y los medios se cuentan por centenas. La presidenta argentina ha recibido críticas por querer controlar la información que llega a los hogares de los argentinos, especialmente desde el grupo de comunicación Clarín, holding que tendría que deshacerse de entre 150 y 200 medios y que acusa a Kirchner de estar haciendo una campaña encubierta contra ellos para destruirlos. Según un artículo publicado en el diario español El País y escrito por Ricardo Kirschbaum, editor general del diario Clarín de Buenos Aires, hace unas semanas se produjeron manifestaciones espontáneas y masivas en muchas ciudades de Argentina en contra de la gestión del gobierno. Tan solo dos canales, del Grupo Clarín, mostraron entonces las imágenes en directo de esta protesta, mientras que los otros medios transmitieron piezas muy breves que desacreditaban a los convocados y a los que el editor acusa de estar del lado del gobierno y ofrecer una información sesgada sobre los hechos.
La situación que describe Kirschbaum en su escrito podría ser más propia de un estado autoritario que de una democracia del siglo XXI, y abre el debate sobre la información regulada en las democracias modernas. Dejando aparte el control de la información en países como China, Siria o Cuba, cada uno con su casuística particular, no deja de ser preocupante qué y cómo se reciben las noticias en nuestros días dependiendo de los gustos y valores de los gobernantes de un país y de la relación de estos con los medios.
En el Reino Unido la televisión pública se proclama independiente, y lo es en cierta medida, puesto que no tiene anunciantes y depende únicamente del canon mensual que pagan los ciudadanos
En España tenemos el caso de las televisiones autonómicas, y en algunos casos el de la misma TVE, donde, en ocasiones, los informativos y los programas de debate se diseñan a gusto y medida del presidente o presidenta de turno. En el Reino Unido, la televisión pública se proclama independiente, y lo es en cierta medida, puesto que no tiene anunciantes y depende únicamente del canon mensual que pagan los ciudadanos que ven la televisión, la conocida TV License. Sin embargo, hoy nadie se sorprende por los flirteos de los políticos con la prensa y de los movimientos estratégicos de unos y de otros para conseguir sus objetivos.
El 29 de noviembre se publicaba en Inglaterra el informe Leveson (www.levesoninquiry.org.uk) como resultado de la investigación que el propio David Cameron anunció el 13 de julio de 2011 sobre el papel de la prensa y la policía en el escándalo de las escuchas ilegales llevadas a cabo por el ya desaparecido News Of The World, y que ha salpicado al mismo primer ministro británico por su amistad con la entonces editora del periódico, Rebecca Brooks.
Días antes de publicar dicho informe, el juez Leveson comentaba lo siguiente: «La prensa proporciona un examen esencial de todos los aspectos de la vida pública. Ese es el motivo por el que cualquier fallo en los medios de comunicación nos afecta a todos nosotros. Por lo tanto, en el centro de esta investigación puede haber una sola pregunta: ¿Quién vigila a los que vigilan?».
En el informe, Leveson provee una serie de recomendaciones sobre la cultura, la ética y las prácticas de los medios y enciende la mecha de la controversia sobre la regulación de estos frente a la libertad de prensa, de expresión y el derecho del ciudadano a estar informado. Según Leveson, la prensa necesita un cuerpo regulador que esté respaldado por la Ley, a lo que David Cameron se opone mientras que los liberales y los laboristas apoyan la propuesta. Por su parte, los editores de los principales periódicos británicos están dispuestos a firmar 40 de las 47 indicaciones del juez y a adherirse a las pautas de esta nueva entidad reguladora, eso sí, tal y como defiende Cameron, sin estar obligados por ley. Leveson además señala que este «vigilante» debe ser independiente de los periodistas, del gobierno y de los anunciantes y debe alentar a la prensa a ser transparente con sus fuentes.
Sin embargo, más allá de los códigos deontológicos de los medios, están los del propio periodista. Hace unos días se criticaba a un periodista que divulgó una foto de un hombre a punto de ser arrollado por un tren en el metro neoyorquino. El periodista dio prioridad a la instantánea antes de ayudar a la víctima. Como Leveson proclama, los medios han de ser los guardianes de la vida pública y denunciar lo denunciable, pero a su vez, los límites entre el derecho a informar y estar informados y la carnaza informativa han de estar claramente marcados. La línea puede estar muy difuminada y ser casi invisible pero han de concretarse aquellos casos en los que claramente se traspasa.
