Logotipo de la radiotelevisión pública en una de las sedes de RTVE.El pasado 21 de septiembre el Consejo de RTVE aprobaba el acceso de los consejeros al programa de edición de noticias con el objeto de poder supervisar los informativos antes de ser emitidos. El mismo Consejo, se retractaba al día siguiente de su propia decisión.
Dicho Consejo, compuesto por 12 consejeros designados por PSOE, el PP, CIU, IU, ERC, CC.OO. y UGT, es el máximo órgano de gestión de la entidad pública, y como tal, el primer responsable de mantener RTVE como un servicio público, lo que significa un servicio que atiende a la diversidad política, social y cultural de nuestro país.
Como rezaba el comunicado que el Consejo de Informativos del ente se vio obligado emitir el mismo día 21, la función de editar un telediario, es decir, de decidir qué noticias tienen prioridad por ser de interés general y cómo se van a contar, «recae de forma directa en la dirección de los servicios informativos, las jefaturas de área, los editores y todos los profesionales que forman parte de la cadena de elaboración de la información, tarea que debe ser realizada en un espacio de trabajo de forma libre e independiente», precisamente para eso, para mantener el servicio público como tal y la diversidad que esto implica.
Como apuntaban los consejeros que votaron en contra el primer día, IU y UGT, PSOE, CC.OO y ERC se abstuvieron, el acceso a la herramienta de edición de los informativos, el famoso inews que ahora todo el mundo conoce, era una forma de censura previa a la información emitida, algo que, por desgracia, no está muy lejano en la historia de nuestro país que algunos ya creían superado. Lo que, por cierto, no se encuentra muy lejos de la realidad, si se le echa un vistazo a los programas informativos de algunas cadenas autonómicas.
Los consejeros rectificaron y efectivamente, como dijo Rajoy, rectificar es de sabios, pero no deja de ser preocupante que doce señores y señoras políticamente definidos puedan decidir sobre qué información va a llegar a los hogares españoles. Y todavía más preocupante es la desinformación con la que votaron, por parte de ellos mismos y de los partidos a los que representan.
Y para muestra un botón. Josep Manuel Silva Alcalde, consejero designado por CiU, aseguró en una entrevista de la cadena SER que votó a favor del acceso a inews porque el consejero propuesto por el PSOE, Miguel Ángel Sacaluga Luengo, «le convenció». Estas declaraciones desde luego son para echarse las manos a la cabeza, ¿un supuesto profesional, político, jurista y periodista, vota a favor de «algo» porque otro, que finalmente se abstiene, le convence? El consejero de la coalición catalana además añade que él quería aplazar la decisión hasta que «viniera alguien de la división de informativos» para que les explicase «cómo funcionaba el programa y cuáles eran los diferentes niveles de acceso». Sin embargo, no se hizo, y ante la duda, pues los consejeros siguieron adelante con la votación y algunos que no lo tenían tan claro pues se dejaron convencer por otros, y votaron a favor supuestos profesionales con un sueldo de 120.000 euros anuales que pagamos todos los españoles.
Por su parte, Mariano Rajoy, presidente del partido que impulsó la reforma, se pronunciaba así después del «arrepentimiento» del Consejo: «La verdad que no sé el porqué de este cambio, supongo que habrán pensando, seguramente con razón, que la mejor decisión es esa y, por lo tanto, hay que ya celebrarla. Yo me alegro mucho». Rajoy tiene cosas más importantes en las que pensar ahora con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina.
El PSOE también salió al paso recordando que Miguel Ángel Sacaluga, el que convenció al de más allá, ya había rectificado su decisión y reconocido que fue un error, reclamando una nueva reunión para volver a debatir la cuestión. Antonio Hernando, diputado socialista, apuntaba que su partido no está de acuerdo con una propuesta que «coarta la libertad de los profesionales». Pero no solo de los profesionales, sino de todos los españoles que poseen el derecho de estar informados, y bien informados, dicho sea de paso.
Pero sin embargo esto no era una cuestión nueva para el Consejo, la consejera del PP que puso encima de la mesa la propuesta, otra vez, ya lo había intentado en anteriores ocasiones. El pasado 23 de marzo recibió una carta de, en su momento presidente del ente, Albert Oliart, donde se detallaban los motivos por los que esa medida no podía ser considerada, alegando al «derecho fundamental a la libertad e independencia de los profesionales de la información», y que los trabajadores que no participen «en la elaboración de la información, incluido el director de TVE o el propio presidente de la corporación», no tenían permitido el acceso a esa herramienta. Pero nada, erre que erre.
Héctor Maravall, consejero de RTVE nombrado por CCOO que se abstuvo en la votación, es el único de los consejeros que ha dimitido aunque asegura que en ningún momento se pensó en la propuesta como «un elemento de control» de los contenidos de los informativos, o de «presión» hacia los profesionales. Sin embargo, después de todo el revuelo, las declaraciones y las dimisiones, todavía nadie ha explicado el porqué y para qué se buscaba ese acceso. Si es tan inofensiva la propuesta, ¿por qué tanta insistencia?
